El juez de Garantias Penales, Ubaldo Macías, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra seis personas por el delito de estafa.

Los procesados son Daniel Rivas Noboa, Omar Menoscal Peña, Erica Quinteros Castro, Paúl Viteri Palma , Darwin Quintero Castro y Miguel Ángel Chica.

Mientras que en contra de otras dos implicadas, Sirene Quiñonez Ruis y Adriana Menoscal Peña, a una por su estado de gestación y a la otra por su presunta afectación cardíaca se le emitió medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salida del país y presentación semanal ante la autoridad pertinente.

La presunta estructura delictiva, dedicada a estafar por redes sociales con la venta ficticia de artículos electrónicos fue procesada por el delito de estafa y fue detenida la madrugada del miércoles 14 de octubre en operativos realizados en las provincias del Guayas y Esmeraldas.

Como elementos de convicción en la audiencia de formulación de cargos el fiscal Fernando Bonoso presentó las versiones de las víctimas (entre ellos seis policías en servicio activo) documentos bancarios, transacciones efectuadas vía electrónica, talonarios presuntamente falsos y las capturas de las conversaciones de los celulares a través de las redes sociales, en las que se hacían pasar por personal de la policía, suplantando sus identidad.

Según la Fiscalia existirían más de 30 personas perjudiccadas que habrían pagado entre 150 a 400 dólares por la adquisición de artículos electrónicos, entre ellos celulares, tablet y otros dispositivos.

Un oficial de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) reveló que los sospechosos tienen una trayectoria delictiva y son reincidentes en varios tipos penales como asociación ilícita, robo sistemático, tenencia y posesión de sustancias, estafa, falsificación de moneda, incluso abigeato.

También informó que los presuntos delincuentes ofertaban artefactos electrónicos en redes sociales, identificándose como funcionarios públicos (policías, militares, médicos, etc.), con credenciales falsas, generando así confianza en sus víctimas.

El Código Integral Penal (COIP) en su artículo 186 sanciona el delito de estafa con pena privativa de libertad de cinco a siete años.