Un hombre se puso nervioso cuando vio a la Policía haciendo un operativo cerca de su casa, en Solanda, sur de Quito. La actitud levantó sospechas de los gendarmes, quienes le dijeron que se detuviera, pero este salió corriendo.

Sucedió la noche del lunes, en un punto conocido como Parque Boston. El nerviosismo del tipo tenía un motivo: él llevaba una funda con marihuana. Con la indagación, el implicado los llevó hasta su vivienda, donde hallaron más bolsas con la sustancia y también balanzas electrónicas.

Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que se realizara la audiencia por tráfico de drogas en menor escala, delito que ahora tendrá una forma distinta de procesarse. El motivo es la implementación de un nuevo modelo que reemplaza a la llamada tabla de consumo de drogas.

Su llegada se dio con la implementación de la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de enero de este año. Esta normativa redefine el papel policial en el tratamiento del consumo, enfocándose ahora en la evaluación individualizada y en la derivación hacia sistemas de salud.

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Los objetivos de la nueva norma 

El objetivo es, primero, diferenciar al consumidor del microtraficante. Con el uso de la vieja tabla, los delincuentes se aprovechaban para el expendio de drogas al menudeo, aduciendo que eran drogo-dependientes.

El segundo objetivo es aplicar una respuesta más técnica y contextualizada, alejándose de criterios numéricos fijos. Es decir, que desde este 2025, el accionar policial ya no se basará únicamente en la cantidad de droga encontrada.

Cuando un ciudadano sea hallado en posesión de sustancias, la Policía deberá activar un proceso que incluya peritajes especializados para determinar si se trata de un consumidor o de un traficante. Es decir,

Los agentes deberán remitir los casos a instancias periciales, que evaluarán múltiples factores: el patrón de consumo del individuo (ocasional, habitual o problemático), la tolerancia desarrollada, el entorno social, antecedentes médicos, y la etapa de adicción. También se exigirá un examen toxicológico que identifique la sustancia en el organismo.

Para la abogada Valeria Mena, especialista en temas policiales, considera que es acertada la nueva normativa. “Con esto, las aprehensiones tendrán un análisis más técnico, lo que permitirá el respeto a los derechos de las personas, porque se hará una distinción entre consumido y traficante”.

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