Lo que habría iniciado como un operativo rutinario de protección terminó con la captura de cuatro sujetos identificados como supuestos miembros del grupo delictivo organizado (GDO) Los Tiguerones.

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2025 en Guayaquil, cuando la seguridad de la abogada Elecktra Enríquez Ulloa —titular de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar)— detectó una motocicleta y un vehículo con aparente comportamiento sospechoso mientras la funcionaria cumplía agenda junto al presidente de la República, Daniel Noboa, según consta en el parte oficial del caso, al que EXTRA ha tenido acceso.

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Los agentes, parte del equipo de protección y de la Policía, habrían observado que los ocupantes de una motocicleta azul y un auto rojo Kia supuestamente vigilaban sus movimientos. Más tarde, en la avenida De Alarcón, frente al aeropuerto, interceptaron a cuatro sujetos que los estaban grabando y haciendo "gestos de pistola". Uno de ellos huyó en el vehículo, mientras los demás fueron retenidos.

¿Quiénes son los detenidos por la seguridad de Elecktra Enríquez?

Los aprehendidos fueron identificados como Javier Andrade, Mario Mazamba, Ángel Macías y un adolescente. Según el parte policial, tres de ellos tenían antecedentes penales y al menos uno supuestamente poseía tatuajes asociados al GDO Los Tiguerones.

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Durante el procedimiento, se incautaron sus teléfonos celulares y se retuvieron los vehículos involucrados. La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de intimidación, tipificado en el artículo 164 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y solicitó prisión preventiva en contra de los aprehendidos.

El sector donde ocurrió la detención

La audiencia contra los detenidos por seguridad de secretaria de Inmobiliar

En la audiencia de flagrancia realizada el 26 de julio en Guayaquil, el juez declaró legal la detención y dio paso a la formulación de cargos contra los tres adultos. La Fiscalía argumentó que presuntamente existen elementos de convicción suficientes, como videos, testimonios y pertenencias incautadas, para presumir su vinculación al delito.

El fiscal solicitó prisión preventiva basándose en que la intimidación tiene una pena superior a un año y que hay riesgo de fuga. Aunque la defensa presentó documentos para demostrar arraigo laboral y domiciliario, el juez consideró que al parecer eran insuficientes. La versión de los detenidos fue que se encontraban en el lugar buscando un departamento.

Finalmente, el juez acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para los tres procesados. El menor, en cambio, fue tratado conforme a la normativa vigente. La audiencia de juicio bajo procedimiento directo fue fijada para el 13 de agosto de 2025 a las 15:30. 

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