Presuntos agresores de Martha no consiguen abogado

Martha retoma de a poco sus labores, pero aún no ha podido volver a trabajar. Así lo aseguró ayer Christian Arellano, quien lleva la defensa de la mujer, víctima de una violación colectiva en un bar-restaurante del norte de la capital.

“Ella no está bien... pero ha tenido que reincorporarse parcialmente a sus actividades para que no se den cuentan de quién es”, precisó el abogado.

Pese a la desgarradora situación que vive la agredida, de 35 años, el apoyo de algunos colectivos y de la sociedad la conmueve. Arellano contó que a su estudio jurídico han llegado varios ramilletes de flores y cartas en respaldo de Martha. “Yo le hago llegar las fotos”, contó.

Aunque esta historia se ha vuelto pública, el rostro de la víctima y de sus parientes se mantendrán en reserva.

El hecho sucedió el 13 de enero. Ella acudió a una reunión por el cumpleaños de un amigo en un restaurante del norte de Quito. Horas más tarde fue agredida por tres conocidos (uno de los socios del lugar y dos tipos que son hermanos). Utilizaron un taco de billar, una botella y un vaso para perpetrar el ataque.

Hasta el momento se han organizado dos marchas para apoyar a Martha y a todas las mujeres víctimas de violencia. La primera se realizará a las 15:00 de hoy en la Tribuna de Los Shyris. La segunda será mañana a las 17:00, en el mismo sitio.

“La familia de Martha no ha indicado que no va a ir, pero en el caso de que acuda no se va a identificar”, dijo Arellano.

Para el legista, el tema es complicado. Incluso el 18 de enero sufrió un intento de agresión, del que hoy prefiere no dar detalles. Sus allegados quedaron muy preocupados por la situación, pero le ofrecieron su respaldo.

Él también se ha mantenido cercano a los otros dos socios del local, quienes están devastados por lo sucedido.

Más que la pérdida económica que deja la clausura, ellos aseguran que el daño es emocional. “Están sorprendidos, indignados, muy dolidos. Saben que la plata se recupera, pero el golpe moral no. Las acusaciones contra el lugar en redes son terribles”, acotó.

Este Diario conoció que cinco letrados revisaron el proceso, pero hasta el momento ninguno ha aceptado defender a los implicados: Juan Andrés Moreno, Danny Paúl Ponce y Jhon Alexander Ponce.

“Un abogado tiene derecho a elegir a quién defiende y a quién no... Este es un caso delicado y quien lo haga podría ser mal visto por la sociedad”, concluyó. Mientras tanto, el proceso de los sospechosos lo lleva un defensor público.

La celda número 10 del Centro de Detención Provisional de Latacunga acogerá a los tres sujetos durante los 30 días que durará la instrucción fiscal. Según Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación Social, este no es “un hotel cinco estrellas” ni una medida para proteger a los implicados, sino una forma de garantizar que se cumpla el proceso legal. “Ellos están en una celda común como la de cualquier persona privada de libertad... No voy a permitir que los principales testigos del hecho sean ‘suicidados’, como ha sucedido en otros casos”, precisó.

El subsecretario reveló que estas acciones se tomaron luego de una reunión en la que se analizó lo que podría pasar con los implicados en el CDP de El Inca, norte de Quito, a donde fueron llevados en primera instancia. “Es un caso de conmoción social y la respuesta de la gente ha sido que deberían matarlos o violarlos”, manifestó.

En el lugar donde están ahora existen cámaras de vigilancia y poca población carcelaria, con lo que se asegura que puedan ser puestos a órdenes de la justicia. “La sentencia (que podría llegar a ser de 29 años) debe ser puesta por un juez, no por los tuiteros”, finalizó.