Una de las audiencias clave en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador correría el riesgo de quedar en nada. La causa, que involucra a más de treinta procesados, presuntamente vinculados a Los Choneros, está bajo amenaza de caducidad de la prisión preventiva, lo que podría permitir que sospechosos clave recuperen su libertad si no se resuelve su situación jurídica hasta este sábado 31 de mayo de 2025.

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Este proceso penal, a cargo del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, abarca a personajes vinculados a aparentes estructuras criminales de alto perfil. Entre los acusados figuran Adrián Joel Solórzano Asen, conocido como alias Mongolo; Borys Alexi Párraga Figueroa, identificado como un supuesto actor clave en Los Choneros del cantón El Empalme (Guayas) y señalado como el 'zar de las drogas'; y Verónica Briones Zambrano, pareja sentimental de alias Fito, el cabecilla de Los Choneros, actualmente prófugo de la justicia.

Audiencia declarada fallida

En los registros judiciales consta que una audiencia convocada para el 26 de mayo de 2025 fue declarada fallida a las 16:38 debido a la inasistencia del fiscal del caso y de tres abogados. Ante esta ausencia, el tribunal resolvió imponer una multa de dos salarios básicos a los abogados involucrados y anunció que se notificará al Consejo de la Judicatura sobre el incumplimiento del representante de la Fiscalía, salvo que se justifique una causa de fuerza mayor.

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La audiencia ha sido convocada para los días 28, 29, 30 y 31 de mayo, todos los días a las 16:30, con el objetivo de culminar la fase de juzgamiento. Sin embargo, el tribunal fue claro al advertir a los sujetos procesales que la prisión preventiva podría caducar si no se resuelve la situación legal de los acusados hasta el último día del mes. De producirse esa caducidad, varios miembros del círculo cercano a Fito podrían quedar en libertad por un error procesal.

Decisión judicial para tener intervención de la Defensoría Pública

Para evitar que la ausencia de abogados impida nuevamente el avance de la audiencia, el tribunal solicitó a la Defensoría Pública que asuma la representación legal de los procesados cuyos abogados no asistieron, con el fin de garantizar su comparecencia y el cumplimiento del debido proceso.

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