El amor de madre, combinado con una dosis de temor, hizo que Alicia (nombre protegido) ideara un plan para evitar que algún objeto impacte a sus hijos cada vez que hay enfrentamientos en una de las cárceles del recinto penitenciario de Guayaquil.

Ella reside en la cooperativa San Francisco, ubicada a un costado del kilómetro 16 de la vía a Daule, en el norte, frente al Centro de Privación de Libertad Zonal 8, aledaño al de mujeres y a la famosa ‘Peni’ (Penitenciaría del Litoral).

Cuando hay ‘pito’ en alguno de estos penales, caen cosas sobre el techo de su domicilio, asegura Alicia. No sabe si son restos de balas o de explosivos. Lo cierto es que inmediatamente se pone a buen recaudo.

“Con mis niños (de 6 y 7 años) nos metemos a la cocina, ponemos colchones sobre las paredes y nos quedamos hasta que todo se calme”, dice.

Adoptaron esa costumbre por las circunstancias violentas de los últimos meses en las cárceles. Se refugian en la cocina porque está en medio de su vivienda. Creen que tienen más peligro de ser alcanzados por una esquirla si se quedan en uno de los lados de la propiedad.

“Mi hijo pequeño oye los estruendos y viene a decirme que hay balacera”, cuenta Alicia. Se le hace difícil explicarle la situación al niño. Él no entiende el peligro y quiere salir a jugar normalmente.

Flor es vecina de Alicia y tiene una despensa. Ella, en cambio, cierra su negocio cuando suceden enfrentamientos. Prefiere dejar de vender para no tener la ventana abierta.

El estruendo por las detonaciones la tiene tan ‘paniqueada’ que, a veces, las confunde con juegos pirotécnicos. Y es que los parientes de los internos llegan a la medianoche a la vía a Daule para lanzar este tipo de explosivos, cuando alguno de los ‘caneados’ está de cumpleaños, explica Flor.

La comerciante, quien habita hace 11 años en la zona, anhela que este problema se resuelva pronto, pues lamenta no tener dinero para mudarse.

Frente a la ‘Peni’ se ubica la cooperativa Unión de Propietarios. Allí, el temor es parecido. Los residentes tienen una sensación de zozobra cuando ocurren amotinamientos. Los inquieta imaginar que un grupo de privados de libertad pueda escaparse e intentar refugiarse en alguna de las viviendas.

El pasado 31 de julio precisamente hubo incidentes dentro de esa cárcel, que ocasionaron la muerte del interno Albin Andrés Quinteros Quiñónez, procesado por un asesinato.

Además, la jornada violenta dejó a otros cinco internos heridos. Poco más de una semana antes, el 21 de julio, durante enfrentamientos dentro de la Penitenciaría, ocho privados de libertad fallecieron y tres policías resultaron heridos.

NO PUEDEN SALIR NI ENTRAR 

Los moradores se quejan de que, al peligro que sienten por residir cerca de las cárceles, se suma el que puedan quedarse momentáneamente sin poder llegar a sus viviendas o salir de ellas. El cierre de la vía a Daule, en el tramo de los centros de privación de libertad, es una medida que la Comisión de Tránsito del Ecuador adopta, a través de sus agentes, cuando hay amotinamientos.

Quienes habitan en la zona refieren que ellos o sus familiares, en ocasiones, han tenido que esperar hasta dos horas para poder pasar hacia sus casas. 

Para la arquitecta y docente universitaria Carolina Morales Robalino, quien además es máster en Planificación en Proyectos de Desarrollo, debe pensarse en la reubicación de los centros de rehabilitación social, pues están en una única vía de acceso, donde no solo transitan quienes van a sus hogares, sino aquellos que se dedican a actividades de transporte, tanto en el traslado de productos como de pasajeros.

Morales indica que la ‘Peni’ se asentó en aquella zona sin que haya áreas residenciales cerca, pero por la expansión urbana, ahora hay casas por allí.

En su criterio, esto se debe a que no hubo un control adecuado de los asentamientos de viviendas. En consecuencia, las actividades que se generan en ese recinto no son compatibles con las de la zona residencial.

Una reubicación de estas cárceles sería una solución, dice Morales, pero a largo plazo, pues deben ser establecidas en una zona, previamente identificada, en donde no puedan extenderse los barrios suburbanos.

Para resolver esta problemática, debe existir un diálogo entre los actores principales de ese territorio; es decir, comités barriales, representantes gubernamentales e, incluso, involucrar a la academia en el proceso.

“No se puede tomar decisiones si no existe una planificación participativa. Se necesita ver qué necesidades reales tiene la población. Ver soluciones de las que, muchas veces, como técnicos no nos percatamos porque no vivimos en carne propia lo que la gente de la zona sí”, precisa Morales.

EL PROBLEMA ES ADENTRO

Jorge Villacreses Guillén, máster en Criminalística y experto en temas de seguridad, indica que si los reos tienen armas de largo alcance, resulta complicado proteger a los residentes de al frente con murallas. El ángulo de disparo puede influir en que el proyectil tenga una larga distancia.

“Recuerdo que en Quito, una vez a unas estudiantes les llegó una bala desde dos kilómetros. Había sido detonada en una fiesta, alguien disparó en una posición de 60°, la bala hizo una parábola y mató de contado a una niña”, cuenta.

Para él, la solución es más directa: “¡Que no haya ningún arma en la Penitenciaría!”. Sin embargo, cree que eso es difícil de lograr mientras no haya una reforma carcelaria estructural.

A Villacreses no le resulta factible cambiar de lugar los centros carcelarios. En vez de eso, considera que deben existir centros de privación de alta seguridad en áreas inhabitadas, a donde solo vayan las bandas peligrosas, que filtran las armas.