La vocera presidencial Carolina Jaramillo se abstuvo de emitir declaraciones sobre las denuncias de presunto espionaje que señalan al dirigente indígena Leonidas Iza, en un contexto de creciente cuestionamiento público.

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En su intervención semanal, Jaramillo se refirió a las denuncias basadas en mensajes filtrados provenientes de teléfonos de policías que fueron secuestrados, aclarando que esta información no ha sido sometida a peritaje ni cuenta con respaldo judicial. Según la funcionaria, no existe un proceso formal que valide la veracidad de estos datos, por lo que consideró inapropiado comentarlos públicamente.

“No ha existido un procesamiento formal o judicial que pueda revestir esa información de veracidad. En ese sentido, no me voy a referir sobre un rumor”, declaró Jaramillo ante los medios presentes.

Ley de Inteligencia y protocolos de seguridad

La vocera presidencial subrayó que el gobierno mantiene su enfoque en mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Como ejemplo, mencionó la reciente promulgación de la Ley de Inteligencia, que permite realizar operaciones encubiertas dentro de un marco legal.

Según Jaramillo, esta normativa garantiza el respeto a los derechos humanos y proporciona las herramientas necesarias para que las fuerzas de seguridad actúen de manera eficiente sin vulnerar los derechos de la ciudadanía. La funcionaria reiteró que el objetivo del gobierno es mantener un equilibrio entre seguridad y protección de libertades fundamentales.

Informe sobre torturas y derechos humanos

Durante la vocería, la periodista Yalilé Loaiza, del medio internacional Infobae, preguntó sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que documenta denuncias de tortura en centros penitenciarios ecuatorianos, incluyendo el uso de electrochoques durante el conflicto armado interno.

La vocera reafirmó que el gobierno mantiene su compromiso con los derechos humanos, pero prefirió no comentar sobre incidentes concretos. Añadió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben dar cuenta de las medidas tomadas en caso de que se confirme alguna de estas denuncias, subrayando la imposibilidad de hablar sobre hechos no comprobados.

“Lo ideal sería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un listado de cuáles son las acciones que se toman en caso de que alguna de estas observaciones se compruebe que sean ciertas. No me puedo referir a algo que las Fuerzas Armadas o la Policía no tengan probadamente que haya sucedido dentro de sus filas”, explicó.

Contexto de escrutinio internacional

Las declaraciones de Jaramillo se producen en un contexto de creciente observación internacional sobre la gestión de seguridad y derechos humanos en Ecuador. La atención se centra en denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, en medio de tensiones sociales y conflictos con líderes indígenas.

Uno de los casos más graves reportados hasta la fecha es el de la detención ilegal, desaparición y muerte de adolescentes en el hecho conocido como Malvinas, que ha generado alarma y exigencias de justicia tanto a nivel nacional como internacional.

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