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Zaida Rovira, gobernadora del Guayas.Cortesía

Zaida Rovira afirma que la seguridad en Guayaquil es responsabilidad compartida

Gobernadora del Guayas responde a críticas por la inseguridad en La Bahía y propone mayor presencia estatal y cooperación institucional

En medio de un creciente debate por el control de la seguridad en el centro de Guayaquil, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, ha reiterado que esta labor no depende únicamente de una sola autoridad, sino que debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y la ciudadanía.

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Las declaraciones de Rovira surgieron tras una polémica generada por sus comentarios sobre la situación en La Bahía, una de las zonas comerciales más transitadas y afectadas por la delincuencia en la ciudad. Durante un recorrido por el sector este lunes 9 de junio, acompañada por personal policial, la funcionaria abordó directamente la controversia y dejó claro que no pretende entrar en disputas políticas.

“La seguridad es responsabilidad de todas las autoridades: Gobierno, municipios, de todas; y corresponsabilidad de la ciudadanía. Más claro que eso no puedo ser”, enfatizó Rovira ante los medios.

Zaida Rovira, gobernadora del Guayas.Cortesía

La controversia creció después de que Fernando Cornejo, presidente de la empresa pública Segura EP (adscrita a la Alcaldía de Guayaquil), rechazara en la red social X cualquier insinuación de que el Municipio fuera el principal responsable del orden en La Bahía. Aunque no mencionó a Rovira directamente, sus comentarios se interpretaron como una respuesta a sus declaraciones previas.

Rovira, por su parte, prefirió evitar la confrontación y sostuvo: “Yo no voy a entrar en discusión con nadie”, subrayando que algunos actores estarían distorsionando el sentido de sus palabras.

¿Qué medidas plantea la Gobernación del Guayas frente a la inseguridad en La Bahía?

Durante su recorrido, Rovira conversó con comerciantes del sector, quienes manifestaron de forma abierta y directa su preocupación por la inseguridad. Muchos portaban pancartas y otros reclamaban soluciones inmediatas, pidiendo presencia policial constante y acciones visibles del Estado.

En respuesta, la gobernadora anunció que realizará visitas regulares al sector al menos tres veces por semana y que está abierta a recoger propuestas concretas por parte de los comerciantes y vecinos. Una de las más discutidas fue la posible creación de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en la zona, una estructura que permitiría reforzar el patrullaje y brindar una atención más cercana.

Según Rovira, el pedido más reiterado por parte de los gremios comerciales es claro y urgente: “Toda La Bahía quiere seguridad”, sentenció.

¿Cuáles son las principales acciones propuestas o en análisis por la Gobernación?

  • Presencia semanal y constante de la gobernadora y equipos de seguridad
  • Evaluación técnica para implementar una UPC en el área
  • Coordinación interinstitucional con fuerzas del orden y gobiernos locales
  • Promoción de una cultura de corresponsabilidad ciudadana frente al crimen

¿Qué implica la corresponsabilidad en seguridad ciudadana?

El concepto de corresponsabilidad en temas de seguridad, mencionado por Rovira, apunta a un enfoque integral en el que la prevención del delito no recae exclusivamente sobre la Policía Nacional o las alcaldías. Implica que distintos niveles del Estado —Gobierno Central, prefecturas, municipios—, así como la propia ciudadanía y los sectores privados, deben actuar de forma coordinada.

Esto toma especial relevancia en una ciudad como Guayaquil, donde las cifras de violencia y delitos comunes han generado un clima de preocupación constante. La Bahía, por su alta actividad comercial informal y su ubicación céntrica, se convierte en un punto crítico.

La intervención directa de la Gobernación busca marcar presencia estatal en el territorio y generar un vínculo más estrecho entre las autoridades y la comunidad. Sin embargo, la gobernadora deja claro que estas acciones solo serán sostenibles si hay una coordinación constante entre todas las instituciones involucradas, sin convertir la seguridad en un campo de disputa política.

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