Un grupo de adultos mayores en Guayaquil presentó una acción de protección contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) para exigir el cumplimiento oportuno en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La causa será tramitada en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, y la primera audiencia quedó fijada para el 1 de octubre de 2025.

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Aunque el presidente Daniel Noboa ordenó hace pocos días acelerar los reembolsos, los jubilados aseguran que no desistirán del proceso judicial. Su objetivo, dicen, es dejar un precedente para que los retrasos —que en algunos casos alcanzaron hasta siete meses— no se repitan.

“No es un regalo, es nuestro derecho”

Harry Valerezo, de 73 años, es uno de los firmantes de la demanda. Durante meses esperó sin respuesta la devolución del IVA. “No es un pago ni un regalo, es nuestro derecho”, subraya.

El jubilado relata que recién el 17 de septiembre de 2025 recibió el depósito correspondiente a abril, acumulado junto con otros meses atrasados. “Ha sido un calvario. Primero nos devolvieron hasta enero a mediados de año, y recién ahora nos transfirieron tres meses juntos”, lamenta.

El Gobierno comenzó a ponerse al día

El 12 de septiembre, el Gobierno inició el proceso de actualización de pagos, priorizando a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, los beneficiarios denuncian que los depósitos no son uniformes: algunos ya recibieron hasta abril, otros hasta mayo.

Valerezo insiste en que más allá de los pagos, la principal preocupación es la sensación de desprotección: “Cuando ese dinero pasa al Tesoro Nacional deja de ser nuestro y dependemos de la programación del Gobierno. ¿Y mientras tanto qué? Nosotros seguimos esperando”.

Acción de protección y respaldo jurídico

Los jubilados acudirán a la audiencia acompañados por el defensor del Pueblo en Guayas, Gonzalo Ortega, quien participará como amicus curiae (amigo de la corte). Pese a que el SRI ha comenzado a saldar los pagos, los adultos mayores consideran indispensable que la justicia emita una resolución que garantice la devolución dentro de los plazos legales: 60 días para jubilados y 90 días para personas con discapacidad.

“Queremos dejar un precedente para que nunca más se repita esta vulneración. No es justo esperar medio año o más, como ocurrió con compañeros que recién cobraron lo de diciembre de 2024”, sostiene Valerezo.

La voz de Harry refleja la situación de cientos de jubilados que se han visto afectados por los atrasos. “Queremos que entiendan que esta devolución es nuestra plata. No es un subsidio, no es un favor. Es lo que nos corresponde. Y lo único que pedimos es que se cumpla a tiempo”.

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