Adultos mayores y personas con discapacidad, tras más de siete meses de espera, han iniciado un proceso judicial para obtener la devolución del IVA que consideran les corresponde. La acción pretende que el Estado cumpla con su obligación de reintegrar estos fondos.

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Según el abogado Jorge Itúrburu, quien asesora a los adultos mayores y personas con discapacidad, la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a interponer acciones de protección frente a vulneraciones de sus derechos fundamentales.

Si bien el Servicio de Rentas Internas (SRI) actualizó recientemente el tope para la devolución, los pagos continúan registrando retrasos y no se procesan de forma sistemática. “En mi caso y en el de muchos otros llevamos más de un año esperando. Esto afecta directamente a personas de tercera edad, que dependen de estos recursos para medicinas y necesidades básicas”, enfatizó Itúrburu.

La acción de protección tiene efecto general

Según el abogado, la acción de protección no solo favorecerá a quienes la presentaron, sino que, al tener efecto erga omnes, beneficiará a todos los contribuyentes que hayan cumplido con su declaración y cuyos pagos estén pendientes, no solo a quienes la interpusieron. “La jueza tendrá que exigir al Ministerio de Finanzas que compruebe si se realizó el pago y, de no ser así, asignará los valores a las cuentas individuales en un plazo de 24 a 48 horas”, detalló.

Si el Ministerio de Finanzas no acata la orden judicial, incurriría en un incumplimiento grave que podría dar lugar a sanciones legales y hasta a la destitución de los funcionarios responsables. “Se trata de garantizar un derecho constitucional y permitir que estas personas puedan vivir con dignidad”, agregó el abogado.

Próximos pasos en el proceso judicial

Itúrburu detalló que el siguiente paso será fijar la primera audiencia, que deberá notificarse dentro de las 48 horas posteriores a la entrega de la documentación requerida por la jueza.

“Esperamos recibir la notificación formal a más tardar el lunes 15 de septiembre de 2025. Una vez recibida, se definirá la fecha de la audiencia para avanzar en la protección de los derechos de nuestros afiliados”, concluyó.

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