La resoluciones más recientes dentro del caso Plaga confirmaron nuevos niveles de responsabilidad en una estructura que operaba desde juzgados y defensorías para obtener libertades ilegítimas de personas privadas de libertad por delitos graves. Según la información más reciente de Fiscalía, ya suman 18 sentenciados en esta causa, entre jueces, abogados y funcionarios judiciales vinculados al esquema.

La investigación identifica como líder de la organización a Lenin Javier Vimos Vimos (conocido como abogado de Los Lobos), quien reconoció haber dirigido una estructura que funcionó en varias provincias. Bajo su coordinación, el grupo habría utilizado herramientas jurídicas como habeas corpus, acciones de protección y medidas cautelares para favorecer a procesados o sentenciados por delitos como asesinato, violación, narcotráfico, migración ilegal y delincuencia organizada. 

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Todo ello, al parecer, a través de resoluciones emitidas con sustento irregular y, en determinados casos, mediante pagos gestionados entre miembros de la red.

Así gestionaban la salida de personas privadas de libertad

Uno de los episodios más claros del funcionamiento interno corresponde al abogado José Daniel Tenempaguay Chasipanta, sentenciado en marzo de 2025 a 44 meses de prisión bajo procedimiento abreviado. 

Durante la audiencia, aceptó que actuaba como persona de confianza del líder, recibiendo dinero proveniente de grupos delictivos para entregarlo a Vimos Vimos y financiando parte de la operación. Por haber gestionado resoluciones ilegales, recibió también una multa, obligación de reparación económica y una disculpa pública en el Colegio de Abogados de Pichincha.

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El expediente detalla además intervenciones de jueces que, según la acusación fiscal, emitieron decisiones sin sustento válido o basadas en documentación adulterada. Entre estos casos se encuentra el habeas corpus concedido por los exjueces Jorge Efraín Montero Berrú, Patricio Armando Calderón Calderón y Galo Efraín Luzuriaga Guerrero, quienes aceptaron certificados médicos falsificados para disponer la liberación de una persona privada de libertad por tráfico ilegal de migrantes. 

El traslado previo del sentenciado hacia Santo Domingo y la presentación de informes médicos supuestamente adulterados forman parte de los elementos señalados por la acusación.

Beneficios para grupos criminales en caso Plaga

Otro frente del caso involucra al exjuez José Javier Guzmán Herbozo, acusado de ordenar la excarcelación de un sentenciado por violación utilizando informes médicos alterados y, presuntamente, a cambio de un soborno de diez mil dólares. Asimismo, la red incluía a la exjueza Adriana Carolina Zamara Cruz, quien concedió un habeas corpus utilizando documentos médicos manipulados para beneficiar a la conviviente de un integrante de un grupo criminal.

En la parte administrativa aparece Gary Fabricio Palma Cedeño, secretario del exjuez Simón Oswaldo García Tello, ya sentenciado. Fiscalía sostiene que colaboró en el direccionamiento de sorteos de acciones constitucionales y en la tramitación de medidas cautelares con efectos amplios que permitieron la liberación de privados de libertad en diferentes cantones.

Fiscalía apelará la ratificación de inocencia de tres exjueces

La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la resolución del Tribunal de juicio que ratificó la inocencia de los exjueces Jorge Montero, Patricio Calderón y Galo Luzuriaga.

Según el comunicado, la institución considera que presentó elementos de convicción suficientes para vincularlos con la concesión irregular del habeas corpus sustentado en certificados médicos falsificados. Ante esto, solicitará que una instancia superior revise la decisión que los favoreció.

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