¿Cannabis en casa? Asamblea debatirá ley que permitiría cultivarlo

La Asamblea Nacional se alista para iniciar el tratamiento del proyecto de Ley para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador, luego de que una comisión ocasional recomendara su admisibilidad, aunque con varias observaciones.

El informe será conocido por el Pleno, tras la convocatoria del presidente del Legislativo. La propuesta fue impulsada por organizaciones sociales y activistas, quienes buscan establecer un marco legal para el uso, cultivo y control del cannabis en el país.

La iniciativa ingresó en agosto de 2025 como parte de un mecanismo de participación ciudadana y plantea, entre otros puntos, permitir el autocultivo de cannabis bajo ciertos límites.

Autocultivo y vacíos legales

Uno de los aspectos más debatidos del proyecto es la posibilidad de cultivar hasta 30 plantas de cannabis en casa. Sin embargo, la comisión advirtió que no se especifica claramente cómo se controlará este límite.

Según el informe, no se ha definido si el registro será por persona, domicilio o mediante un sistema nacional, lo que podría generar vacíos legales o duplicaciones.

Además, se plantean dudas sobre la creación de un Consejo Consultivo del Cannabis, ya que no se detalla de dónde provendría su financiamiento ni su impacto en el presupuesto estatal.

Impacto en seguridad y salud

Los proponentes de la ley sostienen que la regulación del cannabis podría reducir la criminalidad asociada al narcotráfico y debilitar las economías ilegales.

También argumentan que permitiría un mayor control sobre la calidad del producto, evitando que los consumidores accedan a sustancias adulteradas que representan riesgos para la salud.

No obstante, la comisión advierte que aún falta definir un plan claro de coordinación entre instituciones como la Policía y la Fiscalía para evitar vacíos en el control.

Uso medicinal y prevención

El proyecto reconoce el uso medicinal del cannabis, pero limita su acceso a prescripción médica. En este punto, se recomienda desarrollar protocolos clínicos para enfermedades como cáncer, epilepsia o dolor crónico.

Asimismo, se plantea reforzar la prohibición para menores de edad con campañas educativas y estrategias de prevención, financiadas con recursos generados por la industria.

Otro punto pendiente es el impulso a la investigación científica, ya que actualmente no se contemplan incentivos para universidades o centros especializados.