Carchi: El Ejército emplea tanques de guerra para desarticular minería ilegal en Chical

En lo que se describe como una de las intervenciones militares más contundentes de los últimos años, el Ejército Ecuatoriano ejecutó la operación estratégica Fuego Letal en la frontera norte del país. 

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El operativo se concentró en el sector El Pablo, perteneciente a la parroquia Chical, (provincia de Carchi) una zona de alta complejidad topográfica y de seguridad donde estructuras criminales mantenían un enclave de explotación aurífera ilícita a gran escala.

Despliegue de capacidades: Tanques y fuego sostenido

La operación marcó un hito en la historia militar reciente del país al ser la primera vez que se emplean tanques de guerra en una misión contra la minería ilegal. Durante cuatro días de intensos combates y maniobras tácticas, el Ejército integró capacidades terrestres y aéreas que incluyeron:

El uso de fuego sostenido permitió la neutralización de aproximadamente 50 bocaminas, estructuras que servían como el corazón de la operación extractiva clandestina en esta zona fronteriza.

¿Cuál fue el impacto financiero? 300 mil dólares diarios menos para el crimen

Las unidades de inteligencia militar estiman que este enclave minero generaba ingresos aproximados de 300,000 dólares diarios para las economías ilícitas. Con la destrucción de esta infraestructura, el golpe financiero se calcula en unos 108 millones de dólares anuales, debilitando significativamente la capacidad de financiamiento de los grupos armados que operan en la frontera con Colombia.

Según el comunicado oficial, estas acciones responden a las disposiciones directas del presidente Daniel Noboa y el Ministerio de Defensa, orientadas a recuperar el control de los recursos naturales y la soberanía en territorios previamente dominados por mafias transnacionales.

El sector de Chical ha sido históricamente un punto de fricción debido a la presencia de grupos disidentes y organizaciones criminales que utilizan la minería ilegal no solo como fuente de ingresos, sino como mecanismo de control social y territorial. 

Las autoridades consideran que la operación no solo es un golpe logístico, sino un mensaje de disuasión sobre el uso de la fuerza del Estado contra las economías que alimentan la violencia en el país.