En Guayaquil se instaló este miércoles, 5 de noviembre de 2025, un proceso que promete ser largo y con fuertes repercusiones: 17 militares son juzgados por la presunta desaparición forzada y posterior homicidio de cuatro menores de edad, cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con impactos de bala tras haber sido detenidos en diciembre de 2024.

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Los hechos se remontan a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael (15 años) y Josué Arroyo (14), y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron detenidos en las afueras de un centro comercial del barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Según la acusación, las dos patrullas militares que los interceptaron los trasladaron posteriormente a la zona rural de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

Días después, la Fiscalía confirmó que los restos calcinados hallados en un sector rural correspondían a los menores.

Desde el inicio, la versión oficial de varios militares fue que los jóvenes fueron dejados con vida en Taura; esa versión se mantuvo en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo. No obstante, cambios en las declaraciones complicaron esa hipótesis: tres de los militares pidieron cooperación eficaz (delación premiada) y en una segunda reconstrucción relataron que antes de desaparecer los menores fueron golpeados y humillados por varios compañeros. 

Las autopsias determinaron que los menores recibieron disparos en la cabeza.

Durante la primera jornada, las defensas subrayaron que los procesados actuaron “dentro de un estricto marco de subordinación militar”, es decir, siguiendo órdenes superiores; otros defensores aseguraron que uno de sus clientes permaneció “todo el tiempo en el balde de la camioneta” y que “jamás lesionó a una persona”, argumentos con los que intentan sostener la inocencia individual. 

La Fiscalía, por su parte, ha descartado la versión de un supuesto robo que motivara la detención y se apoya en una amplia batería probatoria.

¿Qué pruebas llevará la Fiscalía al juicio?

La carga probatoria anunciada por el Ministerio Público es enorme: solo la Fiscalía contabiliza 176 pruebas que incluirán testimonios de peritos e investigadores, reproducciones de videos de cámaras de seguridad y documentos oficiales. En contraste, las defensas aportarán aproximadamente otra centena de testigos. Entre los tipos de evidencia que se esperan en el juicio figuran:

• Testimonios periciales e investigadores
• Videos de cámaras de seguridad y registros audiovisuales
• Documentos y actas que sitúen movimientos y órdenes

La magnitud de pruebas y testimonios hace prever que el proceso demandará varias semanas hasta una sentencia definitiva.

¿Qué piden las familias y qué esperan los defensores?

Las familias de las víctimas —acompañadas por organizaciones de derechos humanos como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)— reclaman verdad y celeridad. Fernando Bastias, abogado del CDH, declaró a EFE: “Hay una gran cantidad de pruebas que Fiscalía y nosotros queremos que se practiquen y que el tribunal pueda conocer, y cada día cuenta”. Las familias esperan una resolución antes de fin de año.

Por su parte, la estrategia de la defensa combina la invocación de la subordinación jerárquica y la diferenciación de responsabilidades individuales. Uno de los soldados que decidió cooperar con la Fiscalía lo hizo a cambio de la posibilidad de obtener una rebaja de pena, según su abogado.

La audiencia continuará este jueves, 6 de noviembre, con la presentación de más testimonios por parte del Ministerio Público. El tribunal advirtió además que no aceptará nuevos diferimientos, por lo que el proceso seguirá su curso con la compleja tarea de depurar versiones y valorar cientos de piezas probatorias.

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