Uso de celulares en clases en Ecuador: acuerdo ministerial generó confusión
El Ministerio aclaró que los dispositivos siguen regulados y que la nueva normativa da más atribuciones a los planteles sobre sanciones a faltas graves
El uso de celulares dentro del aula sigue regulado en Ecuador.
Lo que debes saber
- Ministerio aclara que celulares siguen regulados tras confusión por nueva normativa escolar.
- Acuerdo 2025-00015-A prohíbe dispositivos en niveles Inicial y Básica en todo el país.
- Colegios ganan autonomía para sancionar faltas graves como fraude y daños internos.
El nuevo acuerdo ministerial, firmado el 16 de abril de 2026, sobre medidas socioeducativas y disciplinarias, que deroga la normativa que rige desde 2023, del Ministerio de Educación generó confusión entre docentes y padres de familia en Ecuador. La controversia surgió por interpretaciones erróneas sobre el uso de celulares en las aulas.
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El 23 de abril circuló información que señalaba la supuesta eliminación de sanciones por utilizar teléfonos móviles en clase. Sin embargo, un día después, la cartera de Estado aclaró que esa regulación se mantiene vigente a través de un acuerdo emitido en 2025.
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Desconcierto en las instituciones
Milton Orellana, vicerrector de una institución privada, reconoció que la difusión incompleta de la información provocó desconcierto. “A veces los sistemas de comunicación, en lugar de aclarar, confunden", señaló. A su criterio, debieron precisarse los acuerdos que continúan vigentes al momento de detallar la normativa derogada.
El Acuerdo Ministerial 2025-00015-A, que el Ministerio aclaró que continúa rigiendo, establece que el uso de dispositivos electrónicos no está permitido ni recomendado en los niveles de Inicial y Educación General Básica. En Bachillerato, en cambio, se admite únicamente con fines pedagógicos, bajo autorización y supervisión docente. Además, no pueden exigirse como útiles escolares.
Cambios en las sanciones
Más allá de la polémica, el nuevo acuerdo introduce cambios en la gestión de faltas. Ahora, las autoridades de cada plantel tienen mayor potestad para sancionar faltas graves como el fraude académico o daños a la infraestructura.
Anteriormente, estos casos debían remitirse a las Juntas Distritales, lo que alargaba los tiempos de respuesta. Con la normativa firmada el 16 de abril de 2026, los distritos intervendrán solo en situaciones de extrema gravedad, como el uso de armas o tráfico de drogas.
El nuevo acuerdo ministerial se enfoca en la resolución de conflictos.
Visión de los docentes
Para Jorge Arellano (nombre protegido), docente fiscal, la norma es insuficiente sin condiciones materiales adecuadas. Denunció que muchos planteles carecen de personal de seguridad y que el estado de los baños y aulas es deteriorado.
Arellano sostiene que, aunque el diálogo es prioritario, en la práctica se requieren sanciones más firmes. Recordó que la suspensión de clases, en muchos casos, no generaba cambios de conducta: “Para algunos estudiantes eran dos semanas de vacaciones”.
El docente también señaló que la difusión del acuerdo generó incertidumbre entre el profesorado. “No todos estaban al tanto de la normativa y la información sobre la supuesta eliminación de sanciones por celulares causó sorpresa e inquietud. Luego, las propias autoridades de los planteles tuvieron que aclarar la vigencia del acuerdo anterior”, indicó.
A su criterio, la socialización de estas disposiciones es clave. “Los acuerdos deben comunicarse de manera clara a toda la comunidad educativa. Publicarlos en redes sociales sin una explicación adecuada puede generar dudas y malentendidos”, advirtió.
Docente fiscal considera que en la educación pública existen otras urgencias relacionadas a seguridad e infraestructura.
Enfoque emocional y familiar
La psicóloga educativa Sara Joutteaux Haro considera positivo el enfoque restaurativo del acuerdo, siempre que exista acompañamiento familiar. Y lo calificó como "necesario" desde el ámbito emocional.
Asimismo, manifestó que los estudiantes no requieren dispositivos electrónicos, ya que los canales de comunicación suelen ser la agenda escolar o el contacto directo entre docentes y padres.
Por su parte, la madre de familia Yamira Núñez respaldó la restricción de celulares: “Son una distracción completa; los chicos se enfocan en redes sociales en lugar de sus tareas”.
Además, coincidió en que la comunicación oficial generó confusión. “Sería ideal que el Ministerio comunique de forma más clara, para evitar malentendidos”, expresó.