Educación financiera será obligatoria en colegios de Ecuador
El Pleno de la Asamblea Nacional dio luz verde a un proyecto que busca frenar los fraudes electrónicos y el mal uso de créditos entre jóvenes
Se dispuso la emisión de un reglamento en un plazo de 90 días para la implementación de la Ley.
Con una mayoría de 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que institucionaliza la educación financiera como un componente obligatorio dentro de todo el Sistema Nacional de Educación.
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Esta normativa no solo abarca las escuelas y colegios, sino que se extiende al Sistema de Educación Superior, la Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación.
Obligatoriedad en las aulas
La nueva Ley Orgánica de Educación Financiera establece que la enseñanza de estos contenidos se realice de manera obligatoria, progresiva y transversal. Esto significa que los estudiantes recibirán formación desde la educación inicial hasta el tercer nivel.
Además, la ley contempla procesos de educación no formal para jóvenes, adultos y adultos mayores que tengan escolaridad inconclusa.
El sistema educativo incluirá módulos obligatorios para identificar riesgos de estafas mediante inteligencia artificial y proteger datos personales.
Prevención de estafas y uso de IA
La ley especifica que la formación financiera deberá incluir módulos sobre la prevención de fraudes electrónicos y el uso de plataformas digitales.
En el cuerpo legal se detalla la necesidad de instruir a la ciudadanía en la protección de datos personales y en la identificación de riesgos derivados de tecnologías emergentes, como es el caso de la inteligencia artificial, aplicada al ámbito financiero y comercial.
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Redacción Extra Digital
Declaraciones oficiales
Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, intervino durante el debate del 15 de abril de 2026, señalando que el objetivo de la ley es proporcionar herramientas para el manejo del dinero, el uso de créditos y la prevención de estafas.
Por su parte, la asambleísta Cecilia Baltazar, quien preside la Comisión de Educación, fue la encargada de presentar la moción de aprobación, calificando a la normativa como un instrumento para la gestión de recursos en el país.
Implementación y control institucional
Para la ejecución de esta ley, se establece la capacitación obligatoria del personal docente y la coordinación entre diversas instituciones públicas y privadas. Se prevé la participación de entidades de la economía popular y solidaria, así como de la banca pública y privada, en el desarrollo de los contenidos educativos.
Finalmente, la normativa otorga un plazo de 90 días para la expedición del reglamento correspondiente que viabilice su aplicación. Además, se ha fijado un mecanismo de evaluación de la política pública de inclusión financiera que deberá realizarse de forma obligatoria cada tres años para medir los resultados del programa.