Terremoto de Manabí 2016: Bomberos y estudiantes siguen sufriendo las secuelas 10 años después

A una década del terremoto que sacudió la costa ecuatoriana en 2016, los cuerpos de Bomberos de los cantones Jama y Sucre continúan operando en condiciones precarias, marcadas por infraestructuras deterioradas, promesas incumplidas y una reconstrucción que, hasta hoy, no llega.

“Fueron muchos los días de trabajo, muchas las personas que ayudamos, pero no tenemos un registro exacto”, relata Dolores Ramírez, jefa de los bomberos de Jama. Sin embargo, lo que sí tienen claro es que 10 años después siguen esperando la reconstrucción de sus estaciones, una promesa que se ha dilatado sin respuestas concretas.

A esto se suma una realidad aún más dura: muchos de los propios bomberos también fueron víctimas del terremoto. Ramírez lamenta que sus compañeros perdieron sus viviendas y no fueron incluidos en los procesos de reconstrucción. Sin ayuda estatal, tuvieron que levantar por cuenta propia espacios improvisados para poder resguardarse junto a sus familias.

Mientras tanto, las condiciones en las que operan resultan alarmantes. En Jama, el cuartel funciona en una estructura improvisada que evidencia el abandono. Ingresar a la choza de caña donde trabajan los bomberos resulta deprimente: el lugar está cubierto de polvo, el suelo está armado con restos de palets y obliga a caminar con cuidado para no caer.

“Si viene un invierno fuerte, no vamos a soportar esas condiciones”, describió Ramírez. A esto se suma la falta de equipamiento adecuado: cuentan con una motobomba que ha estado en servicio desde 1998 y que requiere reemplazo urgente. Todo intento de mejora ha debido gestionarse con recursos propios, ante la falta de apoyo estatal.

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En Sucre hay estaciones dañadas

La realidad no es distinta en Sucre. José Ricardo Ordóñez, jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón, resume la última década como un período duro, en el que las necesidades han sido constantemente postergadas. De las cinco estaciones existentes, muchas presentan daños estructurales desde el terremoto, incluyendo una que, pese a haber sido previamente adecuada, colapsó pocos años después.

Las condiciones actuales reflejan ese deterioro: paredes con huecos, fisuras visibles y estructuras que en algunos puntos están a punto de colapsar. El salón de eventos y la planta alta de la estación han sido adaptados como dormitorios improvisados, en un espacio que ni siquiera puede cerrarse completamente debido a los problemas estructurales. “Mi personal se ha tenido que sacrificar, vivir en condiciones incómodas”, señaló.

Aunque en su momento existieron recursos destinados para la reconstrucción, provenientes incluso de financiamiento internacional como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), estos no se concretaron en obras. Según Ordóñez, la falta de prioridad en gobiernos anteriores impidió que esos montos se ejecutaran en beneficio de los cuerpos de bomberos.

Aulas provisionales en San Vicente

La realidad de abandono también golpea con fuerza al sistema educativo en el norte de Manabí. En cantones como Sucre y San Vicente, la reconstrucción de unidades educativas sigue siendo una tarea pendiente, con espacios destruidos, estructuras inconclusas y estudiantes que aún reciben clases en condiciones inadecuadas.

En la Unidad Educativa William Fletcher Paraguay, el terremoto arrasó con gran parte de su infraestructura. “Aquí había dos bloques en forma de L. Uno se perdió completamente, se llevó todo el terremoto”, explicó Douglas Bayona, dirigente de Canoa. El otro bloque quedó a medio construir y, con el paso del tiempo, sin mantenimiento, se ha deteriorado aún más, convirtiéndose en un espacio vacío y desaprovechado.

A esta problemática se suma el impacto de la reubicación. Narcisa Hernández, otra dirigente comunal, señaló que juntar a estudiantes de escuela y colegio en un mismo espacio ha sido perjudicial. La comunidad educativa fue trasladada a la Unidad Educativa Elías Cedeño Jerves, donde reciben clases en contenedores. Lo que inició como una solución provisional terminó convirtiéndose en una realidad permanente durante 10 años, generando incomodidades, hacinamiento y dificultades en el proceso de aprendizaje.

Para Leonel Kuonqui, exconcejal de San Vicente, la infraestructura educativa es una de las más afectadas tras el terremoto y que, hasta ahora, no ha sido atendida como prioridad. “No tenemos lugares adecuados donde los estudiantes puedan aprender. Siguen en aulas provisionales, que son contenedores donde hace mucho calor, donde no se pueden concentrar y donde hay demasiados alumnos por paralelo”.

Kuonqui insiste en que, pese a contar con terrenos y espacios disponibles, no se ha concretado una intervención real. “Con tantos recursos que hubo para la reconstrucción, lo principal debió ser la educación. Si no se invierte en eso, es difícil construir futuro”.

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Las construcciones y los permisos en Manabí

Para Leandro Josué Briones Rivera, ingeniero civil, expresidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo y ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el desastre no solo fue consecuencia de la fuerza del sismo, sino también del incumplimiento generalizado de normas de construcción durante décadas, una deuda estructural que dejó expuesta a la provincia.

Briones sostuvo que el terremoto evidenció una realidad incómoda: gran parte de las viviendas y edificaciones en Manabí fueron construidas sin apego a la normativa técnica. La caída de estructuras públicas y privadas, incluidas aquellas destinadas a la atención ciudadana, demostró que no se habían aplicado criterios adecuados de seguridad. “El terremoto destruyó aproximadamente 40 años de esfuerzo de las familias manabitas”, afirmó, al recordar el impacto no solo material, sino social de la tragedia.

Tras el sismo, hubo municipios que implementaron normativas más estrictas para la aprobación de nuevas construcciones. Hoy existe un primer filtro más sólido que exige planos estructurales, memorias técnicas y diseños sismo resistentes, según Briones.