El cierre de la ANT afecta a miles de ecuatorianos: ¿qué pasará ahora?

La paralización de trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), tras el estallido del denominado caso Jaque, ha puesto en pausa la compra, venta y matriculación de vehículos en todo el país. 

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Con oficinas cerradas por varios días y sin una fecha clara de reapertura, la incertidumbre se extiende entre usuarios, concesionarios, gremios y escuelas de conducción, que advierten efectos económicos y riesgos legales si la situación se prolonga.

¿Por qué se cerraron las oficinas de la ANT?

El cierre a nivel nacional fue anunciado por el ministro del Interior, John Reimberg, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada contra funcionarios de la entidad. 

Según la Fiscalía, existiría una red que cobraba dinero ilegalmente a cambio de agilizar trámites. Desde entonces, miles de procesos quedaron en suspenso: emisión de matrículas, licencias, certificados vehiculares y transferencias de dominio.

Trámites quedaron en el limbo

La suspensión impacta en toda la cadena automotriz y de movilidad. Concesionarios, portales de venta, escuelas de conducción y ciudadanos no pueden avanzar con gestiones ya pagadas o programadas.

Rodolfo Castro, director de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), advierte que la afectación es masiva. En el país se venden entre 11.000 y 12.000 vehículos al mes, pero la ley impide entregar un auto sin matrícula. Si el cierre se prolonga más de 30 días, esa cantidad de unidades quedaría represada.

El impacto económico también es significativo: al multiplicar el volumen mensual por el valor promedio de un vehículo, se genera una facturación detenida de más de USD 240 millones, además de la pérdida de recaudación por IVA para el Estado.

El impacto en la compra y venta de autos

Estefanía Briceño, gerente de Operaciones de Patiotuerca, señala que el mercado se contrajo drásticamente. Antes se publicaban cerca de 30.000 anuncios al mes; ahora apenas se registran unos 5.000.

“La gente nos ha llamado y dice que no puede generar nada de trámites, no pueden comprar ni vender”, explica.

Los ciudadanos, en el centro de la crisis

Aunque las cifras son alarmantes, los gremios coinciden en que los más perjudicados son los usuarios. Personas que contaban con vender su vehículo, retirar una licencia o recibir un documento, hoy no tienen respuestas claras.

Marcela Betancourt relata que pagó por el Certificado Único Vehicular, pero nunca lo recibió. Sin ese documento no puede vender su auto y necesita ese dinero para cubrir una deuda.

Álex Méndez, por su parte, esperaba retirar su licencia profesional caducada: “Uno pide permiso para hacer estos trámites. No entienden lo complicado que es tratar de no faltar para no perder el trabajo”.

Los riesgos que asumen algunos usuarios

La desesperación ha llevado a decisiones peligrosas. Entre las prácticas detectadas están:

Briceño advierte que estos mecanismos trasladan todo el riesgo al comprador, incluso en caso de accidentes o problemas legales.

¿Hay solución?

Guillermo Abad, exdirector de Tránsito en Quito, considera que el Gobierno debe actuar con rapidez. Propone cambiar la plataforma informática, reprogramar trámites, emitir amnistías y permitir veedurías ciudadanas para blindar los procesos.

Sin estas medidas, advierte, el sistema podría repetir errores del pasado.

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