Daniel Noboa activa vía urgente y reabre el debate sobre minería y gobiernos locales en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a colocar el foco en la Asamblea Nacional al enviar dos proyectos de ley con carácter de urgencia en materia económica, uno enfocado en el sector minero y otro orientado a reorganizar el uso de recursos en los gobiernos locales. 

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Las iniciativas fueron remitidas al Parlamento bajo el mecanismo constitucional que obliga a tratarlas en un plazo máximo de 30 días. 

Desde el Ejecutivo se sostiene que ambas propuestas buscan reactivar la economía, atraer inversión y mejorar la eficiencia del Estado, mientras que desde distintos sectores ya se anticipa un debate político y social de alto impacto.

¿Qué busca el Gobierno con estos proyectos urgentes?

Al confirmar la recepción de los proyectos, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, explicó que la iniciativa sobre gobiernos locales pretende “ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, para que más recursos vayan a obra pública y servicios para la gente”.

En cuanto al segundo texto, Olsen detalló en su cuenta oficial de X que “apunta a fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal”.

Ambos proyectos, añadió, “serán tratados con responsabilidad, diálogo y dentro de los plazos que establece la ley”, en un escenario donde el Ejecutivo busca acelerar decisiones consideradas prioritarias para la economía nacional.

Minería en el centro del debate nacional

La propuesta calificada como urgente para reformar la Ley de Minería plantea una reconfiguración del marco legal que rige al sector. Su objetivo central es fortalecer la inversión, optimizar los procesos administrativos, reforzar los mecanismos de control y brindar mayor seguridad jurídica a las empresas y actores involucrados.

Entre los cambios más relevantes se incluyen reformas relacionadas con:

El proyecto también incorpora ajustes en materia de control ambiental, régimen de regalías, regulación de la pequeña minería y minería artesanal, así como disposiciones sobre seguridad estratégica en zonas donde se desarrollan actividades extractivas.

¿Habrá impacto fiscal por la reforma minera?

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la iniciativa no tendría una afectación directa ni inmediata en los recursos del Estado. En su análisis técnico, el organismo concluye que el proyecto “no tiene impacto fiscal, por lo que resulta neutro”, al menos en el corto plazo.

Esta evaluación será uno de los elementos clave durante el debate legislativo, ya que el carácter urgente de la propuesta exige justificar que sus efectos económicos sean sostenibles para el país.

Gobiernos locales y control del gasto

El segundo proyecto apunta a reorganizar la administración de los recursos en los gobiernos autónomos descentralizados. El Ejecutivo sostiene que existen ineficiencias en el uso del presupuesto y que es necesario priorizar la inversión en obras públicas y servicios esenciales para la ciudadanía.

La iniciativa abre una discusión sobre la autonomía de los municipios y prefecturas, así como sobre el equilibrio entre control estatal y gestión local.

Dos proyectos urgentes a la vez, ¿por qué es posible?

La Constitución establece que el presidente solo puede remitir un proyecto calificado como urgente en materia económica a la vez. Sin embargo, existe una excepción cuando el país se encuentra bajo estado de excepción, como ocurre actualmente en varias provincias debido a los altos niveles de inseguridad.

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