El presidente Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo que, en términos claros, pretende "rechazar y condenar" la posible influencia de Hamás y Hezbolá en Ecuador y su vinculación con eventuales "actos terroristas" en el país. La medida ordena al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ejecutar las acciones necesarias, en coordinación con las entidades competentes y, si fuera preciso, con organismos de inteligencia de otros Estados.

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El texto oficial remite a antecedentes concretos: en mayo pasado el organismo que hoy se denomina Centro Nacional de Inteligencia —antes Centro de Inteligencia Estratégica— remitió a la Presidencia un informe que, según el decreto, "ha puesto en conocimiento la posible incidencia que podrían tener las organizaciones Hamás y Hezbolá, en América del Sur y en Ecuador". 

Además, la Cancillería envió el 5 de septiembre informes técnico-políticos y jurídicos con la pretensión "para identificar como organizaciones terroristas a los grupos denominados 'Hezbolá' y 'Hamás'".

Aunque países como Estados Unidos e Israel ya catalogan a esos grupos como organizaciones terroristas y la OEA lo hizo oficialmente el 17 de mayo de 2021, el decreto ecuatoriano no describe en detalle medidas punitivas inmediatas ni una lista de sanciones: encarga principalmente labores de inteligencia, seguimiento y coordinación interinstitucional.

¿Qué motiva el decreto y qué puede cambiar en la práctica?

El pronunciamiento llega días después de un incidente internacional: el texto apunta que la publicación del decreto se produce apenas dos días tras un ataque de Israel contra líderes de Hamás en Doha, Catar, y recuerda la advertencia de la Embajada de Ecuador en ese país, que llamó a los ecuatorianos residentes a acatar las indicaciones del gobierno catarí. Esa cercanía temporal sugiere que los movimientos geopolíticos recientes influyeron en la decisión política.

La medida se apoya en tres antecedentes principales: el informe de inteligencia de mayo sobre posible incidencia regional, los documentos remitidos por la Cancillería en septiembre y las clasificaciones internacionales de países y organismos como Estados Unidos, Israel y la OEA. A eso se suma un contexto marcado por tensiones en Medio Oriente y la necesidad de que Ecuador defina una postura frente a amenazas globales.

En la práctica, la orden presidencial abre varias líneas de acción: intensificar la vigilancia de redes, intercambiar información con aliados internacionales y preparar marcos legales o administrativos que faciliten la respuesta ante riesgos concretos. También coloca en el centro del debate público preguntas sobre transparencia: qué pruebas sustentan las alertas y hasta qué punto las medidas respetarán garantías civiles.

El decreto además puede tener consecuencias diplomáticas: alinearse públicamente con clasificaciones internacionales coloca a Ecuador en un tablero donde confluyen intereses de grandes potencias y actores regionales. Internamente, la medida obliga a las autoridades a explicar a la ciudadanía los riesgos detectados y el alcance de la respuesta.

Así, la decisión genera dos retos: asegurar que las acciones del Estado se basen en evidencia verificable y evitar que la retórica sobre "influencia" derive en estigmatizaciones sin fundamento. 

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