El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en diez provincias de Ecuador ante la "grave conmoción interna" generada por el paro convocado por organizaciones indígenas en rechazo al alza del diésel. Las provincias afectadas son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, donde se concentran la mayoría de los actos violentos que han afectado el libre tránsito, la integridad de las personas y el funcionamiento de sectores estratégicos.

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Este régimen extraordinario, regulado por el decreto ejecutivo 174 del 4 de octubre de 2025, permite al Gobierno limitar temporalmente ciertos derechos constitucionales con el fin de restaurar el orden público y proteger la seguridad ciudadana. 

La medida tiene una duración inicial de 60 días, aunque puede levantarse antes si la situación lo permite. Durante este período, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen autorización para intervenir en la protección de la vida, la seguridad interna y el libre tránsito, así como para prevenir bloqueos de vías o interrupciones de servicios esenciales.

¿Qué derechos se restringen y cuáles se mantienen?

Una de las principales limitaciones bajo este estado de excepción es la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias declaradas. Esto significa que no se permiten aglomeraciones en espacios públicos que busquen paralizar servicios o alterar el orden, aunque las manifestaciones pacíficas continúan siendo legales siempre que no afecten los derechos de terceros.

A pesar de estas restricciones, el decreto establece que deben respetarse los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional, asegurando que las acciones del Estado no vulneren garantías básicas.

Además, el estado de excepción implica la movilización coordinada de todas las entidades del Ejecutivo, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el decreto, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior serán los encargados de ejecutar la medida, con apoyo de las instituciones competentes, para mantener el orden, garantizar el libre tránsito y proteger la economía nacional.

Este nuevo decreto llega después de que la Corte Constitucional anulara el estado de excepción previo en cinco provincias, al considerar que no se había comprobado una grave conmoción interna en esos territorios. La Corte mantuvo la medida únicamente en Carchi e Imbabura, validando la participación de las Fuerzas Armadas y la restricción al derecho de reunión, pero rechazando el toque de queda.

Las manifestaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen activas en seis provincias, y los enfrentamientos han dejado un saldo de un fallecido, más de 80 heridos y más de cien detenidos. La decisión del presidente de eliminar el subsidio al diésel, medida destinada a frenar el contrabando y la minería ilegal, ha reavivado tensiones históricas similares a las crisis sociales de 2019 y 2022.

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