El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, lanzó un advertencia directa al presidente Daniel Noboa: si el gobierno no atiende sus demandas, podrían tomar Quito. Esta declaración se da en el marco de las protestas desencadenadas tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha encendido la tensión social en varias provincias, en lo que se conoce como paro nacional.

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Durante una reunión este fin de semana con comunidades en la provincia de Chimborazo, Vargas expresó que “si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito, compañeros y compañeras. Ya no podemos seguir aguantando”. La Conaie enfatiza que las manifestaciones pueden radicalizarse y recuerda los antecedentes de 2019 y 2022, cuando las masivas protestas lideradas por esta organización obligaron a los entonces presidentes a retroceder en políticas similares.

El gobierno de Noboa, por su parte, ha intentado desactivar la tensión trasladando temporalmente la sede presidencial de Quito a Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, el intento de movilización indígena hacia esa ciudad fue impedido mediante militarización, lo que ha desplazado las concentraciones hacia Imbabura, al norte del país.

La Conaie no solo reclama la reinstauración de los subsidios al diésel, sino que también exige:

• Reducción del IVA del 15 % al 12 %
• Inversión en salud y educación
• Liberación de 12 comuneros detenidos
• Reparación para los familiares del comunero Efraín Fuerez, fallecido en las protestas recientes en Imbabura, cuyo deceso ha sido catalogado por la Conaie como “un crimen de Estado”

¿Qué consecuencias podría tener una toma de Quito?

El gobierno sostiene que esta vez no negociará la medida, alegando que el subsidio beneficiaba a contrabandistas y minería ilegal, y no a los sectores más pobres. A pesar de ello, las advertencias de la Conaie generan preocupación: el movimiento indígena ha demostrado en el pasado que puede movilizarse con fuerza y conseguir cambios significativos.

Hasta el momento, las protestas han dejado alrededor de 80 heridos y más de 100 detenidos, y organismos de derechos humanos han reportado 196 vulneraciones de derechos durante las movilizaciones. Además, siete carreteras permanecen cerradas en cuatro provincias, afectando la movilidad y la economía local.

Vargas enfatizó que, ante la falta de acción gubernamental, el pueblo es el único capaz de defender sus derechos: “Si nosotros no nos levantamos en el país, ¿quién nos va a defender y a luchar por nosotros? Solo el pueblo salva al pueblo”. Su declaración subraya la tensión creciente y el potencial de radicalización, lo que mantiene a Quito en alerta máxima.

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