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Ecuador

¿Golpe al contrabando? Imbabura consume menos diésel desde eliminación de subsidio
El consumo cayó un 59 % y el Gobierno asegura que las redes ilegales pierden terreno
La eliminación del subsidio al diésel empieza a mostrar efectos en Imbabura, una de las provincias más afectadas por el contrabando de combustibles.
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Entre el 1 y el 12 de octubre de 2024, el consumo promedio diario alcanzaba 100.407 galones. Un año después, en el mismo periodo de 2025, cayó a 41.597 galones, lo que representa una reducción del 59%, según cifras del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador. La caída del consumo también se refleja en otras provincias fronterizas y mineras.
"Respecto a la eliminación del subsidio al diésel, hay cifras que muestran una reducción del consumo del derivado en Carchi, Imbabura, El Oro y Loja, zonas donde existe contrabando y extracción ilícita de minerales. Esto demuestra que el subsidio iba hacia actividades ilícitas". pic.twitter.com/m8tPXTZhru
— Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 14, 2025
La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, señaló en entrevista con Teleamazonas que “hay cifras que muestran una reducción del consumo del derivado en Carchi, Imbabura, El Oro y Loja, zonas donde existe contrabando y extracción ilícita de minerales. Esto demuestra que el subsidio iba hacia actividades ilícitas”.
Menos combustible para redes ilegales
Durante años, el subsidio al diésel alimentó un mercado negro que operaba en varias provincias y que hacía que el combustible vaya a otros países que no tienen subsidio como Colombia y Perú. Con el retiro de este beneficio, el negocio dejó de ser rentable, afectando la base económica de estas estructuras ilícitas.
La variación interanual entre septiembre de 2024 y 2025 también muestra una reducción del 40% en el consumo, lo que refuerza la lectura oficial de un golpe directo a las redes que traficaban combustible subsidiado.
Recursos para sectores prioritarios
El Gobierno anunció que los fondos liberados por la eliminación del subsidio se destinarán a programas sociales, inversión productiva y atención prioritaria a grupos vulnerables, en lugar de subsidiar un combustible que terminaba en manos de redes ilegales.
Esta decisión ha generado rechazo en varios sectores del país, por lo que se han cumplido ya 23 días de paro, radicalizado sobre todo en provincias como Imbabura.
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