El comandante de la Subzona Imbabura, Edisson Rodríguez Samaniego, formalizó una acusación particular en la que atribuye a trece personas el delito de terrorismo, por los hechos ocurridos durante las protestas del 22 de septiembre en Otavalo.

Según el documento presentado ante la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, Rodríguez, en representación de la Policía Nacional, relata que durante una movilización en Otavalo un grupo de aproximadamente 500 personas habría atacado con piedras, bombas molotov y artefactos artesanales las instalaciones policiales del Distrito Valle del Amanecer y de la Policía Judicial.

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El escrito sostiene que los manifestantes destruyeron cerramientos, forzaron puertas, rompieron ventanales, incendiaron patrulleros y motocicletas, y sustrajeron documentos de las oficinas institucionales.

Lesiones que habrían sufrido uniformados en Otavalo

En el expediente se adjunta un parte policial que detalla los daños materiales y las lesiones sufridas por al menos siete uniformados, entre ellos oficiales y tropa, quienes habrían sido alcanzados por piedras y otros objetos contundentes. El comandante menciona que la violencia de los hechos obligó a los servidores policiales a usar medios no letales de control de multitudes, en aplicación de la Ley que regula el uso legítimo de la fuerza.

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Rodríguez considera, en su escrito, que los actos registrados constituyen terrorismo, tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, y sostiene que estos no deben quedar en la impunidad. 

El pedido del comandante de Imbabura contra manifestantes

En la acusación solicita al tribunal imponer la pena máxima prevista para este delito, argumentando que los ataques a bienes y servidores del Estado son una amenaza a la seguridad pública. También pide una reparación integral que incluya la indemnización por los daños materiales e inmateriales causados y una disculpa pública por parte de los procesados a la Policía Nacional.

El documento identifica a trece acusados —doce ecuatorianos y un ciudadano venezolano— como presuntos coautores. En el texto, el comandante asegura que actúa como víctima institucional, amparado en el artículo 432 del COIP, que permite a los organismos públicos acusar mediante sus representantes legales.

Comandante acudió a ratificar su acusación particular

En el desarrollo del proceso, el expediente judicial registra que el 7 de octubre de 2025 Rodríguez se ratificó en su acusación ante la jueza Karol Zambrano, en una diligencia realizada en Quito. Durante esa audiencia, reconoció de forma libre y voluntaria el contenido y la firma electrónica de la acusación particular presentada el 26 de septiembre de 2025.

El caso continúa en trámite en la Unidad Judicial Especializada. En su escrito, el comandante plantea que los hechos del 22 de septiembre no deben ser considerados como una protesta pacífica, sino como un ataque violento que afectó a servidores policiales y bienes públicos, por lo que solicita una sentencia ejemplar.

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