El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó, el sábado 4 de octubre de 2025, un nuevo estado de excepción en diez provincias del país ante la escalada de las protestas indígenas por el aumento del precio del diésel. La medida se dictó por “grave conmoción interna” y busca contener la radicalización de las manifestaciones que, según el mandatario, “se han tornado violentas”.

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A diferencia de los estados de excepción anteriores, en esta ocasión no se ha impuesto un toque de queda en ninguna de las provincias. La Corte Constitucional del Ecuador resolvió previamente que la restricción de circulación nocturna es inconstitucional, señalando que “el Gobierno no demostró que los hechos violentos ocurrieran durante la noche ni que la medida fuera proporcional o necesaria para restaurar la paz”. Esto significa que la libre circulación se mantiene vigente en todo el país.

¿Qué implica el nuevo estado de excepción y dónde aplica?

El decreto presidencial establece que el estado de excepción estará vigente por 60 días y suspende temporalmente el derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, lo que limita la formación de aglomeraciones que puedan afectar los servicios públicos. Sin embargo, se permite que continúen las protestas pacíficas, siempre que no vulneren los derechos de terceros.

Las provincias donde rige la medida son:

• Pichincha
• Cotopaxi
• Tungurahua
• Chimborazo
• Bolívar
• Cañar
• Azuay
• Orellana
• Sucumbíos
• Pastaza

La movilización de Fuerzas Armadas y Policía se ordenó en estas provincias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger la integridad de los habitantes y asegurar el derecho a la libre circulación y la normalidad de las actividades económicas.

El mandatario justificó la medida señalando que “se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias”. La decisión también se produce tras la advertencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre la posible radicalización de las movilizaciones hacia la capital.

Por su parte, la Corte Constitucional había aclarado que solo las provincias de Carchi e Imbabura mantenían un estado de excepción derivado de la conflictividad más alta en esas regiones. En el resto del país, las medidas excepcionales deben cesar, y las fuerzas del orden debían operar bajo normas ordinarias y con pleno respeto a los derechos humanos.

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