Esta es la incómoda razón por la que indígenas de Ecuador rechazan la ley minera de Daniel Noboa
Conaie advierte que el proyecto minero debilita controles ambientales y consulta previa, y podría agravar conflictos y daños en Ecuador
La minería en Ecuador, una actividad en medio de la polémica.
La presentación del proyecto de ley sobre minería por parte del presidente Daniel Noboa encendió una nueva controversia en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, expresó un rechazo frontal a la propuesta, al considerar que pone en riesgo derechos colectivos, debilita el control ambiental y profundiza un modelo extractivo que, aseguran, ya ha generado conflictos y desigualdad en los territorios.
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Lejos de tratarse de una objeción aislada, el pronunciamiento indígena apunta a un problema estructural: la prioridad que el Estado estaría otorgando a la inversión extractiva sin garantizar mecanismos efectivos de protección social y ambiental.
Para la Conaie, esta es la “razón incómoda” que explica su postura y que vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre desarrollo, naturaleza y pueblos originarios.
El cuestionamiento de la Conaie al proyecto
En un comunicado oficial, la organización sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo “prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada” de los pueblos indígenas, un derecho reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en tratados internacionales de derechos humanos.
Daniel Noboa, presidente del Ecuador.
Según el movimiento indígena, la propuesta reemplaza las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas. Este cambio, advierten, reduce la consulta a un trámite formal y no asegura procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo por parte de las comunidades potencialmente afectadas.
El control ambiental como el punto más sensible
La Conaie alerta que la flexibilización de los controles ambientales y administrativos, especialmente en lo relacionado con el uso del agua, “debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles”.
En su análisis, los ecosistemas estratégicos —como páramos, bosques y ríos— son pilares de la soberanía hídrica y alimentaria, por lo que cualquier retroceso en su protección tendría consecuencias de largo plazo.
Además, la organización considera que la iniciativa refuerza un modelo de dependencia extractiva que no ha resuelto los problemas estructurales del país y que, por el contrario, ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial.
Los efectos sociales de la ley
Desde la perspectiva indígena, el proyecto no solo impacta en el ambiente, sino también en la convivencia social. La Conaie sostiene que podría aumentar la conflictividad en los territorios donde se desarrollen actividades mineras, al no existir garantías claras de participación ni de respeto a los derechos colectivos.
Por ello, hizo un llamado a la unidad de los pueblos y nacionalidades y exhortó a la bancada de Pachakutik y a otros asambleístas a rechazar la iniciativa e impulsar un debate amplio, transparente y participativo.
La propuesta del Gobierno
El proyecto fue remitido a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia en materia económica. Según el presidente del Parlamento, Niels Olsen, la iniciativa busca “fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal”.
El líder de la Conaie, Marlon Vargas.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la ley permitirá optimizar procesos administrativos, mejorar los mecanismos de control, incrementar la seguridad jurídica y promover una explotación técnica, ambientalmente responsable y socialmente sostenible.
Un trámite exprés bajo la lupa
La calificación de urgencia obliga al Legislativo a resolver la propuesta en menos de un mes. No obstante, esta modalidad ya ha sido cuestionada en ocasiones anteriores, cuando la Corte Constitucional anuló proyectos similares por no estar debidamente motivados, lo que derivó en tensiones entre el Gobierno y el alto tribunal.
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