La Fiscalía General del Estado confirmó este domingo 28 de septiembre que abrió –de oficio– una investigación previa por la muerte de un ciudadano en Cotacachi, provincia de Imbabura, durante las protestas del Paro Nacional 2025.

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El organismo precisó que el proceso será conducido por la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con base en protocolos internacionales, “con el fin de garantizar la objetividad del proceso”.

Horas antes, fiscales y peritos se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento del cadáver y practicar las primeras diligencias.

El primer fallecido del paro

El ciudadano fallecido es Efraín Fueres, comunero kichwa de 46 años, quien murió tras recibir disparos en la vía Panamericana Norte, a la altura de Ilumán (Pinsaquí), mientras participaba en las movilizaciones. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital de Cotacachi, donde murió poco después.

Denuncias de represión

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunciaron lo ocurrido como un crimen de Estado.

“La Constitución y los tratados internacionales protegen a los pueblos indígenas. El uso letal e ilegítimo de la fuerza es inadmisible y debe investigarse”, señaló INREDH.

En el mismo tono, la CONAIE acusó al Gobierno de Daniel Noboa de convertir al país en “un campo de guerra contra su propio pueblo” y aseguró que Fueres fue “acribillado con tres impactos de bala”.

 Ambas organizaciones exigieron el cese de la represión y la militarización en territorios indígenas, además de la intervención urgente de organismos internacionales como la CIDH y la ONU.

INREDH y la CONAIE también reportaron que otra persona permanece en estado crítico por heridas de bala.

Respaldo social en Quito

La indignación se trasladó a la capital. Organizaciones sociales, feministas, estudiantiles e indígenas marcharon en Quito, desde el parque El Arbolito hasta la Casa de la Cultura, en respaldo al Paro Nacional y para rechazar la represión. Los colectivos exigieron respeto al derecho a la protesta, liberación de detenidos y justicia para los afectados.

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