La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declaró este 18 de septiembre un paro nacional inmediato e indefinido en contra del fin del subsidio al diésel y las políticas económicas del Gobierno. 

Esta decisión se toma dos días después de que el presidente Daniel Noboa implementara un estado de excepción en siete provincias, lo que afecta las posibilidades de una movilización prolongada.

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Declaración de la Conaie

“¡La Conaie se levanta por la vida y los derechos!”, indicó la organización en sus redes sociales al hacer pública la medida. La decisión fue aprobada en una asamblea extraordinaria en Riobamba, donde líderes como Marlon Vargas afirmaron que el paro continuará “hasta que el Gobierno rectifique”.

Detalles del estado de excepción

El Decreto Ejecutivo 134, promulgado el 16 de septiembre, establece un estado de excepción de 60 días en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, motivado por una grave conmoción interna. Entre las restricciones se incluye la suspensión de la libertad de reunión, lo que permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía disolver aglomeraciones en espacios públicos consideradas amenazantes para la seguridad.

Aunque el decreto aclara que no se restringe el derecho a la protesta pacífica, de facto limita la organización de plantones, marchas y concentraciones masivas. Además, otorga facultades a las fuerzas del orden para desarticular reuniones en espacios públicos si se perciben riesgos para el orden público.

Implicaciones del paro indefinido

La medida de la Conaie podría enfrentarse a un contexto legal restrictivo. Dado que el estado de excepción está vigente, los bloqueos de vías y cierres de carreteras, acciones comunes en paros nacionales, pueden ser clasificados como delitos contra la seguridad pública. Esto se complica aún más con las advertencias del presidente Noboa de considerar actos de terrorismo a quienes bloqueen el acceso al agua o ejerzan presión sobre los agricultores.

Noboa ha señalado que quienes bloqueen el agua podrían enfrentar hasta 30 años de prisión, estableciendo así una “cero tolerancia” a estas acciones.

Condiciones para las manifestaciones

El decreto impone una suspensión del derecho de reunión, limitando la formación de aglomeraciones en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo en todo momento. Esto implica que las fuerzas del orden pueden prevenir y disolver reuniones que representen amenazas a la seguridad o que interrumpan servicios públicos.

El decreto también aclara que el derecho a la protesta pacífica está permitido, siempre que no infrinja derechos ni libertades de otros ciudadanos. Sin embargo, los bloqueos y paralizaciones son considerados actos abusivos fuera del marco de la protesta pacífica, autorizando a la Fuerza Pública a actuar en esos casos.

El estado de excepción se aplicará por un período de 60 días en las siete provincias afectadas por bloqueos y disturbios.

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