La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) anunció una "movilización indefinida" que comenzará el domingo 21 de septiembre a las 22:00 en rechazo al fin del subsidio al diésel, confirmado días atrás por el presidente Daniel Noboa. La decisión, formalizada en el decreto ejecutivo 126, implica un alza del precio del diésel y, según la organización, golpea con fuerza a agricultores, transportistas y a la canasta básica familiar.

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En su asamblea extraordinaria, Unorcac también declaró persona “no grata” a la vicepresidenta María José Pinto, cuyo traslado temporal de la sede de la Vicepresidencia a Otavalo (en la provincia de Imbabura, donde también está Cotacachi) fue interpretado como una muestra de cercanía a las políticas que las comunidades rechazan. 

La tensión en el norte se suma a la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que anunció una asamblea extraordinaria para definir pasos conjuntos frente a la medida nacional.

El Gobierno ha defendido la eliminación del subsidio como parte de un paquete para recortar el déficit fiscal: estima liberar $ 1.100 millones anuales que, dice, se destinarán a programas de protección social e incentivos productivos. 

La medida forma parte, además, de compromisos económicos con el Fondo Monetario Internacional y de una política previa de ajuste: el Ejecutivo ya eliminó el año pasado subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País mediante un sistema de bandas que alineó precios con el mercado internacional.

¿Puede la movilización escalar a un paro nacional?

La historia reciente de Ecuador sugiere que las protestas por subsidios pueden tener un rápido efecto multiplicador. En 2019 y 2022, intentos similares de retirar subvenciones derivaron en estallidos sociales liderados por el movimiento indígena que obligaron a los gobiernos de turno a dar marcha atrás. Esa memoria colectiva alimenta ahora la incertidumbre sobre si Cotacachi será el epicentro de una crisis más amplia.

La capacidad de la movilización para expandirse dependerá de la adhesión de transportistas y campesinos, de la convocatoria de Conaie, de la reacción del Ejecutivo y del impacto inmediato en los precios de la canasta básica.

¿Qué reclaman los organizadores y qué ofrece el Gobierno?

Unorcac sostiene que la medida viola derechos colectivos y que el aumento del costo del diésel encarecerá producción, transporte y bienes esenciales. Entre las demandas está la derogación del decreto 126 y la aplicación de medidas de protección específicas para agricultores y comunas rurales.

El Ejecutivo, por su parte, plantea que los recursos liberados financiarán programas sociales y estímulos al sector productivo, y que la reforma es necesaria para sanear las finanzas públicas. Además del ajuste a los combustibles, el Gobierno redujo su estructura ministerial de 19 a 14 carteras y anunció la salida de unos 5.000 funcionarios, decisiones que aumentan el malestar social.

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