El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción en Ecuador hoy, martes 16 de septiembre de 2025, en medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel y a pocos días de la marcha en Cuenca a favor del agua y en contra de la minería.

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A través del Decreto Ejecutivo 134, se establece la medida en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, argumentando la presencia de una grave conmoción interna.

El documento señala que en estas zonas se han registrado bloqueos en vías principales que impiden el libre tránsito de personas y vehículos, afectando derechos, libertades y el desarrollo normal de actividades personales, económicas, comerciales y laborales.

Las autoridades nacionales indican que la medida tiene una vigencia inicial de 60 días y permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional intervenir para garantizar el orden público. Esto incluye operativos en espacios abiertos y restricciones temporales de ciertos derechos, como la libertad de reunión, únicamente en áreas donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana. 

El Gobierno recalca que se respetará el derecho a la protesta pacífica, pero se actuará de manera firme contra bloqueos y hechos violentos que afecten servicios esenciales.

¿Cómo ha impactado la medida en las protestas y la vida diaria?

Desde la madrugada de este martes, gremios de transportistas, comunidades indígenas y organizaciones sociales han bloqueado carreteras en varias provincias, especialmente en Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi (Latacunga). Estas acciones han generado enfrentamientos con la fuerza pública y la suspensión de clases en distintas instituciones educativas.

Los manifestantes denuncian que la eliminación del subsidio al diésel ha elevado en más del 30 % los costos operativos del transporte urbano e interprovincial, lo que podría trasladarse a los usuarios mediante un aumento en tarifas de pasajeros y transporte de alimentos. Por su parte, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para sanear las finanzas públicas y combatir el contrabando de combustibles.

Alcaldes y autoridades locales, como Pabel Muñoz de Quito, han cuestionado la decisión. “El transporte público es una política social”, señaló Muñoz, recordando que mantener el subsidio protege a las familias más vulnerables.

Mientras tanto, en Cuenca, colectivos ambientalistas mantienen su posición de una marcha por el agua, lo que suma presión al panorama nacional y refleja la diversidad de movilizaciones que motivaron la declaratoria de grave conmoción interna. La simultaneidad de todos estos eventos ha sido uno de los argumentos principales del Ejecutivo para justificar la medida.

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