La Corte Constitucional admitió dos propuestas y desestimó cuatro del paquete enviado por el presidente Daniel Noboa. Con la decisión (ver infografía), el debate pasó del terreno jurídico al político: hubo respaldo a la decisión del tribunal y cuestionamientos a la forma en que el Gobierno planteó sus iniciativas.

Para el analista Mauricio Alarcón, lo ocurrido era esperable y consistente con antecedentes del propio tribunal. Dijo que la Corte “ha hecho lo que correspondía” y que “no nos sorprendió en lo absoluto la respuesta”. Además celebró que “en buena hora ha sido coherente con su trabajo previo”. El experto considera que el no dar paso a iniciativas ya zanjadas por jurisprudencia reafirma los límites institucionales y la estabilidad constitucional.

El analista fue especialmente crítico con el proceso técnico y político del Ejecutivo. Sostuvo que la presentación de preguntas sobre asuntos previamente resueltos revela desorden y falta de rigor. Cuestionó incluso la calidad de la formulación, al hablar de errores hasta para “redactar una simple pregunta para una consulta”, y calificó la situación como “una barbaridad”.

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Añadió que este tipo de tropiezos demuestra una carencia de estrategia dentro del Gobierno, lo que genera un desgaste político innecesario. A su criterio, proponer cambios sobre temas en los que la Corte ya se había pronunciado solo expone falencias y le resta fuerza al Ejecutivo en el debate público.

Alarcón insistió en que la decisión de la Corte debe leerse como una advertencia para que el Ejecutivo sea más cuidadoso en la construcción de propuestas de consulta y en la manera de sustentar sus iniciativas, evitando choques reiterados con la jurisprudencia.

Reacción del Ejecutivo tras decisión de Corte Constitucional

La vicepresidenta María José Pinto lamentó la desestimación de la pregunta sobre casinos, que el Gobierno veía como una vía de financiamiento para la lucha contra la desnutrición crónica infantil.

“Me da pena, porque en realidad era una buena estrategia para financiar iniciativas que no hemos logrado implementar plenamente en Ecuador”, expreso en radio. Añadió que, pese a ello, el tema es prioridad y “hemos logrado aumentar el presupuesto para esta estrategia a más de $400 millones”. Identificó brechas aún pendientes en articulación territorial y proyectos de agua.

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La funcionaria explicó que aunque el financiamiento proveniente de casinos no se concretará, el Ejecutivo trabaja en mecanismos paralelos. Subrayó que se han reforzado los convenios internacionales y que se busca mayor articulación con organismos multilaterales.

Pinto adelantó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque reconoció que no es sencillo acceder a esos recursos.

Por ello, destacó la importancia de incluir indicadores de resultados y evaluaciones de impacto en el Plan Ecuador, lo que, según dijo, permitirá demostrar avances y atraer más cooperación.

Corte habría demostrado imparcialidad

El abogado constitucionalista Julio César Cueva destacó que la decisión de la Corte Constitucional no debe leerse como un rechazo directo a las propuestas del presidente Daniel Noboa, sino como una observación sobre el procedimiento utilizado.

Según explicó, el tribunal señaló que la vía escogida por el Ejecutivo no era la adecuada, pero no que las iniciativas carecieran de viabilidad absoluta. Cueva subrayó que este fallo envía un mensaje claro: los jueces “siguen firmes, imparciales y respetuosos de la Constitución”, incluso frente a propuestas polémicas y la presión política. Añadió que la eliminación del CPCCS, el juicio político a magistrados o la castración química no fueron descartados en su totalidad, sino que requerirían otro mecanismo de reforma para poder tramitarse.

Finalmente, mencionó que el Gobierno ya había recibido advertencias sobre la falta de sustento jurídico de sus planteamientos. A su criterio, presentar estas preguntas pudo haber buscado desgastar a la Corte y mantener un clima de presión sobre el tribunal. 

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