Reforma penitenciaria en marcha: Presos deberán trabajar para cubrir sus necesidades en cárceles
El objetivo es convertir las prisiones en centros de rehabilitación efectiva donde el delincuente retribuya a la sociedad mediante actividades laborales
La Asamblea Nacional se prepara para debatir una reforma legal que obligaría a las personas privadas de libertad a realizar actividades laborales
La Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional dio luz verde el 11 de marzo a un informe clave que será debatido por el Pleno. La pieza central de esta reforma, impulsada por el legislador de ADN Andrés Castillo, es una disposición transitoria.
El fin es claro: que el trabajo de los internos genere los recursos necesarios para solventar sus necesidades básicas, aliviando la carga financiera del Estado.
Ecuador
Toque de queda en Ecuador marzo 2026: Horarios, provincias y lo que se sabe
Osman Encarnación
El proyecto otorga al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) un plazo de 36 meses para estructurar esta política pública de trabajo formal.
Según el proponente, el objetivo es convertir las prisiones en centros de rehabilitación efectiva donde el delincuente retribuya a la sociedad mediante actividades laborales y productivas.
"Tienen que empezar a trabajar primero por ellos mismo y, segundo, para que puedan subvencionar sus propios gastos. Debe haber un régimen laboral y productivo para los delincuentes, que les permita mantenerse y generar recursos", dijo Castillo.
Selección técnica y endurecimiento de penas internas
No todos los internos trabajarán de inmediato. La normativa establece que el organismo competente seleccionará a los participantes basándose en criterios estrictos de:
- Seguridad y Aptitud: Evaluaciones de salud y comportamiento.
- Régimen de Rehabilitación: Análisis de la idoneidad del interno para integrarse al esquema laboral.
Paralelamente, la ley busca erradicar las mafias internas mediante la tipificación de nuevas faltas disciplinarias graves. Se sancionará penalmente a quienes intenten ejercer control sobre pabellones, alimentación o servicios mediante extorsión, amenazas o violencia.
Con estas reformas, el oficialismo busca fortalecer el control de las cárceles
Régimen para reclusos de alta peligrosidad
El proyecto también redefine el destino de los cabecillas criminales. Aquellos vinculados al terrorismo, narcoterrorismo o crimen organizado transnacional serán clasificados como de alto riesgo.
Su envío a celdas de máxima seguridad dependerá de informes técnicos que evalúen su jerarquía en bandas delictivas, el riesgo de fuga y su potencial de reorganización criminal desde el interior de los penales.
Otro de los aspectos que intenta corregir el proyecto es el déficit de guías penitenciarios que existen en la actualidad: 3.600 agentes para cerca de 34.300 reos, según cifras reveladas por el asambleísta de ADN, Mario Zambrano.
Con estas reformas, el oficialismo busca fortalecer el control de las cárceles, mejorar la seguridad interna y promover procesos de rehabilitación mediante trabajo productivo para los internos. Sin embargo, persisten interrogantes sobre si estas medidas serán suficientes para enfrentar la crisis penitenciaria y garantizar condiciones adecuadas de rehabilitación.
Se espera que el debate final y la votación de este proyecto se lleven a cabo el próximo martes 17 de marzo en la sesión de la Asamblea que tendrá lugar en Cuenca.