El Ministerio de Educación de Ecuador recordó que las instituciones educativas no pueden obligar a los estudiantes a comprar uniformes o útiles escolares en locales específicos, y advirtió que cualquier incumplimiento será sancionado económicamente. Esta regulación aplica tanto para establecimientos públicos como privados y busca proteger a las familias de gastos innecesarios o dirigidos por la institución. 

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Libertad de elección para padres y estudiantes

Padres de familia en Conocoto, Valle de los Chillos, denunciaron que un colegio exigía adquirir libros en un proveedor específico. Este tipo de prácticas están prohibidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el reglamento general, que protege la libertad de elección de los padres para comprar útiles y uniformes según sus necesidades y presupuesto.

La ministra Crespo enfatizó que las listas de útiles deben ser básicas, promoviendo además la reutilización de materiales del año anterior, y que no se pueden imponer marcas exclusivas ni proveedores determinados. “No se puede direccionar las compras a proveedores específicos ni demandar marcas exclusivas, ya que esto viola los derechos de las familias a elegir según su presupuesto”, enfatizó.

Canales de denuncia y sanciones

En caso de incumplimiento, los padres pueden presentar denuncias a través de varias vías:

• Llamando al 1-800 EDUCACION (1800-338222)
• Llenando el formulario en línea en la sección de denuncias del Ministerio https://educarecuador.gob.ec/denuncias/
• Enviando correos a info@educacion.gob.ec, mogac@educacion.gob.ec o solicitud.enlinea@educacion.gob.ec
• A través de las redes sociales del Ministerio

Las sanciones contempladas incluyen advertencias, multas económicas proporcionales al impacto, suspensiones temporales de hasta 30 días e incluso cierre definitivo del establecimiento en caso de reincidencia. Las multas pueden ir desde 21 hasta 50 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Regulación vigente y control estatal

El Artículo 140 del reglamento general a la LOEI prohíbe que las instituciones exijan materiales para fines administrativos o no educativos, y obliga a respetar la provisión de recursos estatales. Las inspecciones también pueden dirigirse a las distribuidoras de implementos escolares si se detectan irregularidades.

La ministra Crespo instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de direccionamiento de compras de textos, útiles o uniformes, asegurando que el Ministerio garantizará la transparencia y protegerá el derecho de los padres a decidir libremente. “Seremos firmes para que no exista ningún tipo de abuso y recordamos que hay recursos legales vigentes”, concluyó.

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