La cadena de supermercados Tuti y la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) protagonizan un litigio que podría marcar un precedente importante en el comercio minorista de Ecuador. La disputa comenzó tras la inspección de tres locales de Tuti en 2024, que derivó en sanciones por operar sin el permiso de funcionamiento exigido a establecimientos que venden alimentos, bebidas y aditivos.

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El proceso sancionador se inició en septiembre de 2024 y concluyó el 30 de diciembre del mismo año, con la imposición de una multa equivalente a cinco salarios básicos, es decir, $ 2.300 por cada tienda. Las sucursales involucradas se encuentran en distintas provincias:

• Cantón Rumiñahui, Pichincha
• Chongón, vía a la costa en Guayaquil
• Cantón San Miguel de Bolívar

La controversia gira en torno a la clasificación comercial de las tiendas. Tuti argumenta que sus locales deben considerarse micromercados, categoría que no requiere permiso sanitario. Por su parte, Arcsa sostiene que los establecimientos funcionan como tiendas de alimentos, con perchas y bodegas, lo que los obliga a cumplir con la normativa de funcionamiento y autorización sanitaria.

Esta disputa no solo afecta a las tiendas sancionadas, sino que también podría influir en la expansión y operaciones de Tuti a nivel nacional. La cadena, perteneciente a Corporación El Rosado, ha mostrado un crecimiento acelerado desde su creación en 2018, alcanzando más de 700 tiendas y una facturación de $ 693 millones en 2024, lo que representa un incremento del 55 % respecto al año anterior. 

Este ritmo de expansión ha generado tensiones con otras cadenas de retail en Ecuador, evidenciando la importancia de la definición legal sobre la categoría de sus locales.

¿Qué impacto tendría este fallo para el comercio minorista?

De resolverse a favor de Arcsa, Tuti y otras cadenas que operen bajo un modelo similar podrían verse obligadas a regularizar permisos sanitarios, lo que implicaría ajustes operativos y posibles costos adicionales. En cambio, si se reconoce la categoría de micromercados, estos locales podrían continuar operando sin necesidad de autorización sanitaria, lo que definiría un precedente legal significativo para todo el sector minorista.

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