La jueza Karol Zambrano convocó para mañana miércoles 3 de septiembre de 2025, a las 10:00, la audiencia de vinculación dentro del proceso por presunto lavado de activos conocido como Blanqueo Fito. La diligencia se efectuará en modalidad mixta: presencial en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y con opción telemática autorizada para las defensas técnicas.

La investigación de la Fiscalía apunta a un esquema de blanqueo de capitales que habría operado a través de familiares directos y empresas vinculadas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros.

Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se detectaron operaciones inusuales por más de 24 millones de dólares entre 2016 y 2024. Los indicios incluyen aparentes transferencias sin sustento, supuestas compras de bienes inmuebles y la posible utilización de compañías fachada para introducir recursos de origen ilícito en la economía formal.

Situación legal de alias Fito

Aunque será vinculado en este proceso, alias Fito no se encuentra en territorio ecuatoriano. Después de su recaptura en Manta el 25 de junio de 2025, fue extraditado voluntariamente a Estados Unidos el 20 de julio.

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Allí enfrenta siete cargos federales por narcotráfico, armas y conspiración. Se declaró no culpable en la Corte del Distrito Este de Nueva York, pero los fiscales lo consideran un criminal de alta peligrosidad que podría recibir entre 20 y 50 años de prisión. Este 19 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una segunda audiencia en su contra, donde se conocerá si ha existido algún tipo de negociación con las autoridades estadounidenses o si se prosigue con el juicio.

La hermana menor de alias Fito

En el expediente también consta un escrito presentado por la defensa, en el que se detalla la situación de los padres de Fito. Violeta Villamar, de 62 años, y Ramón Macías, de 74, aparecen como responsables del cuidado de su hija menor, una niña de apenas ocho años, nacida en 2017, quien en consecuencia es la hermana menor de alias Fito.

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El documento, acompañado de la copia de la cédula de la menor, fue presentado por el abogado de la familia con el propósito de evidenciar arraigo y así evitar una eventual orden de prisión preventiva contra los progenitores del capo. Además se adjuntaron escrituras de bienes, historias clínicas y certificados de no registrar antecedentes penales. 

La lista de sospechosos (personas naturales y jurídicas): el vínculo con Fito:

• José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, también será vinculado. Es líder de Los Choneros, procesado en Ecuador y Estados Unidos.
• Ramón José Macías Intriago, padre del capo.
• Violeta Marisol Villamar Cedeño, madre.
• Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito.
• Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa (además es gerente de QueenWater y otras compañías).
• Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, hija.
• Adolfo Jair Macías Peñarrieta, hijo.
• Julio César Peñarrieta Tuárez, cuñado, hermano de Inda Mariela.
• Irene Jahaira Peñarrieta Tuárez, cuñada, hermana de Inda Mariela.
• Angie Darleny Briones Zambrano, cuñada, hermana de su otra pareja sentimental, Verónica Briones, ya procesada en esta causa.
• Alex Martín Martínez Paladines, allegado a la familia, señalado como colaborador en las operaciones. Trabajó en el Municipio de Pedernales, según datos de Contraloría.
• Transporte de Carga Pesada Jomavi S. A., vinculada al transporte pesado.
• QueenWater S. A., embotelladora de agua.
• Ferro Mundo S. A., ferretería que actualmente se encuentra bajo investigación.
• Iris y Limpieza Cía. Ltda., compañía que ofrece servicios de limpieza.

Fiscal no acusó a sospechosos que fueron atrapados con Fito

Dos meses después de la recaptura de Fito, un fiscal de Montecristi decidió no acusar a los cuatro hombres detenidos junto a él por tenencia de armas no autorizadas. Uno de los implicados, identificado como supuesto lugarteniente y funcionario de tránsito, presentó un permiso militar para portar un arma, validado en el expediente, lo que llevó al fiscal a abstenerse de formular cargos.

El juzgado, el 29 de agosto, otorgó un plazo de tres días para que el fiscal sustente legalmente su decisión.

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