Caso Julio Iglesias: Fiscalía investiga hechos fuera de España y crece la tensión legal

Julio Iglesias vuelve a quedar en el centro de la tormenta judicial. Esta vez, con una estrategia que mezcla derecho, presión institucional y opinión pública. Su abogado, José Antonio Choclán, pidió nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le entregue una copia de la denuncia presentada por una ONG en nombre de dos extrabajadoras que acusan al cantante de agresión sexual y trata de seres humanos.

La defensa se agarra ahora a un concepto clave: el “interés legítimo” del denunciado para conocer una acusación que, paradójicamente, ya circuló por medios de comunicación de todo el mundo, pero que aún no ha sido entregada formalmente al artista.

“Señalado, pero sin defensa”

Para el entorno del cantante, no se trata de un simple trámite. Iglesias denuncia estar atrapado en un limbo procesal: expuesto públicamente, pero sin acceso al contenido íntegro de la denuncia. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias preprocesales, una fase preliminar en la que se analiza si existen indicios suficientes y si España es competente para investigar el caso.

En un escrito fechado el 20 de enero, al que tuvo acceso diario El País, Choclán califica de “insólito” que el único afectado directo no tenga copia de la denuncia, mientras ONG y medios de comunicación sí conocen su contenido.

Según la defensa, esta situación vulnera principios básicos del derecho de defensa, más aún en un contexto de máxima exposición mediática.

Hechos fuera de España y un debate clave

Las denuncias apuntan a presuntos abusos ocurridos en 2021, en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas, lo que abre un delicado debate jurídico sobre la competencia de la Audiencia Nacional.

La ONG Women’s Link Worldwide, que respalda a las denunciantes, sostiene que la nacionalidad española de Julio Iglesias permite que el caso sea investigado en España. La defensa lo rechaza y advierte sobre el riesgo de forzar los límites de la jurisdicción penal española.

El “interés legítimo”, la línea roja

Choclán insiste en que no se puede investigar a una persona sin permitirle saber de qué se le acusa, especialmente cuando el relato ya ha sido difundido por medios como eldiario.es o Univisión.

La Fiscalía, por ahora, niega la personación del abogado en esta fase inicial, al considerar que no se trata aún de una investigación formal. Pero la defensa responde que la difusión pública del caso rompe ese esquema y exige permitir alegaciones desde el primer momento.

Amenaza de ir más lejos

El pulso sube de tono. Ante la falta de recursos contra la decisión fiscal, Choclán se reserva acudir al Tribunal Constitucional, alegando vulneración de derechos fundamentales.

El mensaje es claro: la batalla no se librará solo en el ámbito penal, sino también en el constitucional y mediático.

Julio Iglesias, una de las figuras más universales de la música española, encara así un proceso que promete larga cola judicial y fuerte impacto público.