¿Qué pasó con el mayor de la Policía detenido por ocultamiento de armas en Guayaquil?

Seis de los ocho policías detenidos durante la madrugada del martes 24 de marzo, en el norte de Guayaquil, recibieron prisión preventiva por su presunta implicación en el delito de tenencia y ocultamiento de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.

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Según información policial, mediante el sistema de videovigilancia se detectó un patrullero que circulaba en actitud inusual e ingresaba a las instalaciones de una empresa de contenedores, ubicada en el sector de la cooperativa Valle de la Flor, en el distrito Pascuales. A través de las cámaras se observó a los ocupantes del vehículo manipulando objetos no identificados, que posteriormente fueron ocultados dentro de un bote en el predio.

Ante esta situación, se coordinó la intervención policial. Al lugar acudieron agentes para verificar la novedad e identificar a los ocupantes del vehículo. Las unidades interceptaron el patrullero y constataron que sus ocupantes eran servidores policiales.

“Posteriormente, se sumaron al procedimiento el jefe del Distrito Pascuales (subrogante), el jefe del Distrito Nueva Prosperina (subrogante) y autoridades de la Zona 8. Además, se coordinó la intervención de unidades especializadas como Asuntos Internos (Conducta Policial) y la unidad de Delitos contra la Propiedad”, indica un parte policial al que este diario tuvo acceso.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 01:40 del martes 24 de marzo.

Detenidos y medida judicial

Los ocho policías pertenecían a unidades operativas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Sin embargo, tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva contra seis de ellos:

Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención en flagrancia, al considerar que se cumplieron los procedimientos establecidos, incluida la lectura de derechos y la valoración médica.

La Fiscalía formuló cargos e inició instrucción fiscal por el presunto delito tipificado en el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Al existir elementos de convicción suficientes y considerar que otras medidas cautelares no garantizan la comparecencia de los procesados, el juez ordenó la prisión preventiva.

Asimismo, se dispuso el traslado de los detenidos a centros de privación de libertad, mientras que la instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.

Denuncias de presuntas irregularidades en operativos previos

De forma paralela, familiares de una de las personas afectadas denunciaron una serie de supuestos procedimientos irregulares por parte de los policías implicados.

Según el testimonio entregado a este Diario, el primer operativo ocurrió el 30 de enero, cuando los uniformados ingresaron a un domicilio bajo el argumento de una denuncia por armas ilegales. Aunque el arma encontrada tenía permiso, los agentes habrían registrado la vivienda y sustraído aproximadamente 45.000 dólares de una caja fuerte.

Posteriormente, el 14 de febrero, se habría realizado un segundo operativo en el mismo inmueble, donde presuntamente se llevaron una caja fuerte con cerca de 100.000 dólares, además de relojes, monedas y otros objetos de valor.

Un tercer hecho se habría registrado el 23 de marzo, alrededor de las 04:20, cuando los implicados ingresaron nuevamente al lugar, manipularon cámaras de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo que, según los denunciantes, estaba destinado al pago de proveedores.

Los familiares aseguran que se trata de una familia dedicada a la venta de alimentos en Guayaquil y que estos hechos afectaron gravemente su economía. “Somos una familia dedicada a la venta de sánduches de chancho. En el primer operativo, además de los 45.000 dólares, se llevaron otros 25.000 que no fueron devueltos”, indicó uno de los afectados.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades. De comprobarse los hechos denunciados, los implicados podrían enfrentar procesos administrativos y penales, que incluirían su desvinculación de la institución policial.

Por su parte, el general Walter Villarroel señaló que los agentes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y que Asuntos Internos mantiene abierta la investigación. Añadió que, de comprobarse responsabilidades, los involucrados serán dados de baja por incumplir sus funciones.