Pugna por el Aeropuerto de Guayaquil: Los cambios que el Gobierno exige imponer
El Ministerio de Infraestructura y Transporte reclama "competencia exclusiva" sobre la fundación. Conoce qué cambios plantea el régimen
El Ministerio de Infraestructura y Transporte reclama competencia de la fundación.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ha puesto la mira en la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
A través de un oficio emitido el pasado 4 de marzo, la cartera de Estado dispuso el inicio de un proceso de reforma integral del Estatuto del organismo, una medida que ha encendido las alarmas en el cabildo porteño.
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El ultimátum para la reforma estatutaria
El documento, enviado directamente a la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, otorgó un plazo de cinco días para que el Municipio remita una propuesta de reforma a los estatutos de la organización.
El objetivo central del régimen es modificar la estructura de mando y toma de decisiones dentro de la entidad aeroportuaria con el fin de “optimizar la gobernanza institucional”.
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Entre los cambios más polémicos que plantea el Ministerio se encuentran:
- Directorio compartido: El organismo pasaría a estar conformado por cinco representantes del Estado y cinco designados por la organización local.
- Fin a las decisiones unilaterales: El nuevo directorio deberá aprobar obligatoriamente el presupuesto, planes operativos, control financiero y decisiones estratégicas.
- Presidencia estatal: El MIT busca que la presidencia del directorio sea ejercida por su máxima autoridad o un delegado, quien además tendría voto dirimente.
- Elección del Gerente: Que el Gerente General de la Fundación sea elegido directamente por este nuevo directorio.
El argumento del Gobierno: "Competencia exclusiva"
Para el Ministerio, esta intervención no es un atropello, sino un "ejercicio legítimo". Según el oficio, el Estado central posee la competencia exclusiva sobre puertos y aeropuertos en todo el territorio nacional, basándose en su atribución constitucional para regular las actividades aeroportuarias.
El MIT estableció un plazo de cinco días para una respuesta por parte de la Alcaldía.
“Cabe mencionar que, la intervención del Ministerio de Infraestructura y Transporte constituye un ejercicio legítimo de una competencia constitucional exclusiva”, reza el texto que busca justificar la toma de control administrativo.
Reacciones de concejales
La noticia no cayó bien en el Concejo Cantonal. Las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Nelly Pullas, Cinthia García y Ana Chóez, solicitaron formalmente a la alcaldesa encargada una postura oficial frente a las pretensiones del Ejecutivo.
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"¿Cuál es la posición oficial del Municipio de Guayaquil frente al oficio emitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte?", cuestionaron el pasado 11 de marzo por medio del oficio CG-NP-ACH-CG-2026-001.
Por su parte, el concejal Arturo Escala, de la Revolución Ciudadana, expresó que el hecho sería un atentado a la autonomía de los gobiernos locales, mientras que la independiente Soledad Diab sugirió a través de sus redes sociales que esta medida podría tratarse de una "venganza".
La Alcaldía de Guayaquil no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si acatará el pedido del régimen.