¿Guayaquil bajo control? El desafío del Ministerio del Interior tras la intervención de Segura EP

Guayaquil atraviesa una de sus crisis más agudas: la inseguridad. Frecuentes casos de sicariatos, extorsiones, secuestros y robos en la urbe porteña se han convertido en una preocupación constante para sus habitantes. En medio de ese escenario, hace dos semanas el Ministerio del Interior y Segura EP anunciaron un convenio de cooperación que, según prometen, será clave en la lucha contra el crimen.

El acuerdo fue presentado el 21 de febrero de 2026 por Jhon Reimberg y Álex Anchundia, ministro del Interior y gerente de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), respectivamente. Apenas una semana antes, el 15 de febrero, las instalaciones de Segura EP fueron allanadas y la Policía Nacional tomó el control operativo.

El Ministerio del Interior informó que el convenio, que tendrá una vigencia de cinco años, “representa una alianza que compromete un solo frente de gestión estratégico por la seguridad de Guayaquil”.

A una semana de la intervención estatal en Segura EP, el Ministerio del Interior informó que desde la sala de control se visualizaron más de 1.400 alertas y se ejecutaron alrededor de 650 patrullajes policiales, lo que habría permitido prevenir al menos 130 delitos. Además, varias grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia fueron entregadas a la Fiscalía como evidencias para investigaciones penales.

Pese a esos resultados oficiales, en redes sociales continúan las denuncias ciudadanas sobre hechos violentos registrados en distintos sectores de la ciudad. En los últimos días se viralizaron imágenes del secuestro de una mujer en el Guasmo Sur, el asalto a un conductor en la ciudadela Villamil, perpetrado por dos delincuentes en motocicleta y captado por cámaras de vigilancia, y reportes de balaceras en barrios del sur y noroeste de Guayaquil. Los videos y testimonios compartidos por usuarios reflejan que la percepción de inseguridad entre los habitantes sigue siendo alta.

Esa sensación también se refleja en comentarios en la red social X. La usuaria @psigina_j cuestionó las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre una supuesta reducción de los crímenes tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, luego de que se viralizaran imágenes del secuestro en el Guasmo Sur. En la misma plataforma, el usuario @ArteagaKevin criticó la inseguridad tras difundirse el asalto en la ciudadela Villamil. “Los delitos son en pleno día, no solo de 11 p. m. a 5 a. m. ¿Hasta cuándo se soporta esta inseguridad?”, escribió.

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En ese contexto, expertos consultados por EXTRA coinciden en que el convenio representa un primer paso necesario para enfrentar la criminalidad desde un solo frente. Sin embargo, advierten que deben implementarse estrategias adicionales que vayan más allá del monitoreo de cámaras y la reacción ante alertas.

Para Fernando Tapias, estratega colombiano en seguridad y defensa, “lo que se busca ahora en Guayaquil parece ir en la dirección de unificar capacidades tecnológicas y operativas. Eso, en principio, es consistente con lo que ocurre en varias ciudades de la región. Pero, para que esa integración tenga impacto real, debe existir una cadena de mando clara, protocolos definidos y responsabilidades precisas entre las instituciones involucradas. Cuando hay ambigüedad sobre quién toma decisiones operativas o quién administra la información, los sistemas pierden eficacia”, advierte.

Del monitoreo reactivo a la Inteligencia Artificial

Actualmente, gran parte del trabajo de seguridad en Guayaquil es reactivo: los delitos son reportados por ciudadanos o detectados por cámaras y, a partir de ello, se gestiona una respuesta policial.

Para José Luis Castillo, experto en seguridad, el convenio debe convertirse en el motor para implementar un sistema moderno basado en tres pilares: cobertura territorial, integración tecnológica y monitoreo estratégico. La apuesta, sostiene, debe ser la “analítica de video con inteligencia artificial”.

El especialista recalca que el ojo humano ya no es suficiente para procesar el volumen de información que genera una ciudad como Guayaquil. La tecnología debe permitir la detección automática de comportamientos anómalos -como un individuo que ronda de forma sospechosa fuera de una escuela- y el reconocimiento inmediato de placas vehiculares, funcionando como una “cédula de identidad” del automotor que alerte si un carro robado circula en tiempo real.

Tapias enfatiza que el éxito de estos sistemas depende también del mantenimiento de los equipos y de la capacidad de los operadores para identificar incidentes relevantes, pues en muchas ciudades el problema es que las cámaras no funcionan o no hay personal capacitado.

Añade que otro factor clave es la capacidad de reacción policial y el uso estratégico de los datos. Además de responder con rapidez a las alertas, explica, es necesario utilizar la información que captan las cámaras para identificar patrones delictivos, horarios críticos, zonas con mayor incidencia y modos de operación criminal. “Esa información es la que permite diseñar patrullajes preventivos más efectivos”, indica.

El uso de herramientas de vanguardia, como drones con sensores de disparos -tecnología ya empleada en ciudades como Bogotá, Nueva York o Seattle- podría cambiar las reglas del juego en sectores de difícil acceso como Monte Sinaí o Flor de Bastión.

Al detectar un disparo, el dron se dirige automáticamente al sitio y transmite imágenes que permiten seguir la posible ruta de escape de los responsables incluso antes de que llegue una patrulla. Esta tecnología también facilita que los uniformados evalúen situaciones de riesgo antes de intervenir.

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Sin embargo, esta evolución tecnológica no puede depender solo del Estado. Castillo propone que se subvencione la importación de cámaras para que el sector privado y los comercios puedan integrarse al Sistema Nacional de Seguridad.

“Las cámaras privadas juegan un papel muy importante. Los comercios deben poder integrarse para eliminar los puntos ciegos en la ciudad que hoy aprovecha el crimen organizado”, afirma.

Fondo fijo y cadena de custodia

Iván Carvajal, experto colombiano en inteligencia estratégica, señala que su país recorrió en la década de los noventa un camino similar al que hoy enfrenta Ecuador. En ese contexto, plantea como referencia el modelo del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Colombia (Fonsecon).

Este fondo se nutre del 5 % del valor destinado a toda obra civil -carreteras, puertos o aeropuertos- y los recursos se destinan exclusivamente a seguridad. Con ello se financian combustible para patrullas, recompensas por cabecillas criminales, construcción de unidades policiales y otras necesidades, especialmente en municipios con escaso presupuesto.

Además, es un fondo acumulable: si el dinero asignado en un año no se utiliza completamente, el saldo queda disponible para el siguiente período.

Para que el convenio en Guayaquil sea efectivo, la logística también debe estar a la altura. “El policía no vive del aire; necesita descansar bien y que su patrulla tenga combustible y mantenimiento”, enfatiza Carvajal, quien advierte que la seguridad implica un costo operativo diario que no puede depender de trámites burocráticos.

Otro punto crítico que subrayan los expertos es la validez judicial de la tecnología. De nada sirve captar un sicariato en 4K si la prueba se cae en el juzgado. Tapias y Carvajal coinciden en que la cadena de custodia es fundamental.

La Policía debe contar con protocolos claros para que lo recopilado por el sistema de monitoreo llegue al juez sin sospechas de manipulación, garantizando que la tecnología se traduzca en sentencias y no solo en videos virales en redes sociales.

Muertes violentas disminuyeron, según Noboa

EXTRA consultó tanto al Municipio de Guayaquil como al Ministerio del Interior cuántas alertas delictivas se han registrado desde la firma del convenio y si hubo un mayor porcentaje de personas aprehendidas en relación con un período similar previo al acuerdo. En el caso de la Alcaldía, no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

En cuanto al Ministerio del Interior, personal del área de Comunicación indicó que, debido al volumen de consultas recibidas por medios, las solicitudes de información tardan aproximadamente una semana en ser gestionadas, tiempo en el cual se proporcionarían las cifras requeridas.

El jueves 5 de marzo, durante una entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, indicó que “se ha mejorado, solo en Guayaquil, en el último mes, 45 % las muertes violentas”.