Trastornos, discapacidad y cárcel en Ecuador: familias de presos al límite por pericias tardías

Mercedes (nombre protegido) lleva 10 meses sin poder ver y abrazar a su hijo, quien permanece recluido en la Penitenciaría del Litoral. El peso de esa ausencia se mezcla con la preocupación. Asegura que él ya ha sufrido agresiones allí. Por ahora, confía en que al joven, de 19 años, le concedan un recurso de hábeas corpus que le permita recuperar su libertad, debido a su condición intelectual.

El drama que vive Mercedes comenzó en abril de 2025. En esa época, su hijo fue detenido en Pascuales, parroquia urbana de Guayaquil, como sospechoso de un secuestro. Sin embargo, su madre alega que el proceso judicial, que aún está en desarrollo, no tendría que haber iniciado.

“Mi hijo estaba jugando en la vereda con un compañerito de 13 años. Unos sujetos implicados en un rapto dejaron una moto en media calle y, como mi hijo se puso nervioso porque tiene una discapacidad, se los llevaron a todos dos presos. Dejaron al de 13 años libre y a mi hijo le implicaron todos los cargos. (...) Él es un niño con autismo, depende de mí y yo siempre he estado atrás; he sido su representante”, explica.

En un informe elaborado por un psiquiatra del hospital Abel Gilbert, en septiembre de 2025, se detalla que en el hijo de Mercedes “no se identifican hallazgos consistentes con un Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.

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Sin embargo, en el documento también se indica que “los hallazgos más relevantes son las dificultades de aprendizaje y la desorientación en tiempo y espacio. Esto, sumado a la historia de dificultades escolares desde la infancia y la falta de fiabilidad de algunas respuestas, sugiere una posible discapacidad intelectual u otro trastorno del neurodesarrollo que requiere una evaluación más profunda”.

Finalmente, el especialista sugiere una evaluación neuropsicológica formal y completa para determinar de manera precisa el nivel de funcionamiento cognitivo del paciente y ayudar a establecer un diagnóstico más certero que explique sus dificultades.

Pocos peritos y pericias caras

Este tipo de casos plantea una interrogante: ¿cómo se tratan las situaciones en que la persona sospechosa de un delito tiene algún tipo de discapacidad intelectual o un trastorno mental?

Mónica Luzárraga, abogada y máster en Derecho Procesal, refiere que, ante cualquier sospecha de que la persona presuntamente implicada padece un trastorno mental o una discapacidad intelectual que no le permita comprender lo ilícito de su conducta, la Fiscalía debe verificar aquella situación. De esto depende el avance del proceso.

El artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “si la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin designará a un perito médico psiquiatra, quien presentará su informe en un plazo determinado. De este informe dependerá el inicio de la instrucción, la continuación del proceso o la adopción de medidas de seguridad”.

Sin embargo, Luzárraga comenta que, en la práctica, es distinto. En ocasiones, hay ciudadanos bajo estas condiciones a quienes se les formula cargos y se les inicia un proceso judicial, ordenando su prisión preventiva. Y recién en el transcurso de la causa, cuando ya están encarcelados, se gestiona la pericia, sin la agilidad necesaria.

“Cuando se plantea un caso en donde la propia familia te dice: ‘lo que pasa es que mi hijo, mi padre, mi hermano hizo esto, pero él está con un trastorno’, la Fiscalía lo toma como estrategia y no le presta la atención necesaria”, señala la abogada.

Otro problema que advierte es que el sistema integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene suficientes peritos psiquiátricos. Los demás peritos reconocidos no son parte del sistema; son privados. “Si quieres buscarlos como parte interesada, tendrías que cancelar sus honorarios. Esa pericia cuesta de 2.000 a 5.000 dólares”, detalla.

Esos costos representan una barrera para muchas familias, pues al no tener el dinero para pagar la pericia, solo les queda esperar a que haya un perito del sistema disponible. Luzárraga pone de ejemplo un caso en el que ejerció la defensa: un hombre con esquizofrenia que, bajo esa condición, intentó matar a su familia. No hubo un perito disponible para que le realizara una evaluación y, finalmente, fue sentenciado y estuvo seis años preso. 

Posteriormente, cuando cumplió cierto porcentaje de la pena, recién se pudo demostrar su condición y le otorgaron la libertad, pero bajo la condición de que esté medicado, pues su familia no tenía cómo internarlo en un establecimiento psiquiátrico.

Mezclas y falta de centros

Kléber Carrión, oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional y exdirector del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, indica que, en las cárceles, actualmente los internos bajo esta situación están mezclados con otros que no la padecen, generando riesgo de violencia.

Carrión señala que, en lugar de recluirlos en una cárcel, deberían estar en un centro especializado, tal como se dispone en el artículo 76 del COIP. “El internamiento en los establecimientos que cuenten con servicios de salud mental se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su perturbación y la inclusión social. Se impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y duración”, especifica el artículo.

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Pero Carrión y Luzárraga señalan que no hay suficientes establecimientos de este tipo. En muchos casos, estos ciudadanos terminan presos.

El artículo 7 del COIP indica que las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo con su sexo, orientación sexual, edad, razón de la privación de libertad, necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o las necesidades especiales de atención.

“Entre los criterios de separación no está exactamente el trastorno mental. Ellos se ajustarían al criterio de necesidades especiales de atención. Sin embargo, están conviviendo con criminales que están haciendo daño, matando y todo lo demás”, recalca Carrión.

Luzárraga recuerda que, hasta aproximadamente 2016, en la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional había un pabellón psiquiátrico, “pero fueron cerrados”.

EXTRA consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sobre si las cárceles cuentan con áreas para este tipo de internos, así como cuál es el protocolo para garantizar su permanencia segura. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.

Brotes psicóticos y situaciones de violencia

Julieta Sagnay, médico psiquiatra especializada en salud mental, señala que otro factor de riesgo de esta población carcelaria es que no siempre tienen acceso a la medicación que requieren. Esto implica más efectos en su salud mental, que se suman a las posibles agresiones y abusos de otros internos.

“Esto puede desencadenar que tengan brotes psicóticos, delirios de persecución e intentos de suicidio. Que se vuelvan más violentos, aumento de la agresión, de muertes. Esto aumenta mucho dentro de las áreas penitenciarias y por eso es la necesidad de clasificar y de perfilar a los privados de libertad”, explica.

Sagnay añade que estas situaciones también afectan de manera profunda a los familiares de las personas encarceladas en estas condiciones, por lo que recalca la necesidad de un acompañamiento integral. En ese sentido, destaca el rol de la Defensoría del Pueblo, que, según indica, ha cumplido un papel importante al asesorar y apoyar a las familias.