Contagio de forense destapa graves fallas sanitarias en la Penitenciaría del Litoral
La falta de aislamiento, el hacinamiento y la débil respuesta estatal agravaron el brote de tuberculosis en el mayor complejo carcelario del país.
La enfermedad mortal que se ha tomado la ‘Peni’ ya saltó el cerco y contagió a una médica. A las cansadas, se instaló una mesa técnica.
El aparente descontrol de la tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral, que habría provocado el contagio de una médica legista del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, caso revelado por EXTRA esta semana, se debe a una “falta de voluntad política” del Gobierno de Daniel Noboa para frenar los contagios dentro del complejo carcelario, sostiene Francisco Andino, exministro de Salud y epidemiólogo.
Según Andino, no se han aplicado medidas básicas de control sanitario, como la separación de los privados de libertad (PPL) diagnosticados de aquellos que se encuentran sanos o con otras enfermedades.
A esta situación se suma el hacinamiento, ya que la población penitenciaria alcanza los 7.321 internos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“No están haciendo las cosas como deberían hacerlas. Debieron declarar la crisis sanitaria desde los primeros casos. Este brote se convirtió en una bomba de tiempo y se deben tomar acciones rápidas”, afirmó Andino, al referirse a la ausencia de protocolos efectivos de aislamiento frente al Mycobacterium tuberculosis.
El exministro explicó que los internos enfermos deberían ser ubicados en celdas o pabellones con doble flujo de aire, ventilación cruzada y exposición directa a la luz solar. “Este método físico se aplica para un autocontrol natural de la enfermedad. Algo muy sencillo”.
Añadió que la aplicación de estas medidas depende del Ministerio de Gobierno. Además, planteó como alternativas el traslado de los enfermos a la Cárcel del Encuentro, bajo condiciones sanitarias adecuadas, o la habilitación del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela (conocido como LEA) para atender a los pacientes.
“En el LEA tranquilamente se pueden atender entre 150 y 180 pacientes. Es una buena opción si el Estado lo considera”, apuntó.
Una situación crítica
En contraste, Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), advirtió que la atención médica dentro del centro penitenciario no cumple con los estándares mínimos de salubridad.
Durante visitas realizadas junto a delegados de la Defensoría del Pueblo, bajo órdenes judiciales, constató que varios internos enfermos permanecían en camillas al aire libre, en medio de “condiciones precarias” y con equipos del Ministerio de Salud “insuficientes para atender la magnitud del problema”.
Navarrete también alertó sobre otras irregularidades. Según explicó, en las “actas de defunción de alrededor de 500 privados de libertad, hasta octubre de 2025, no se detallan las causas exactas de muerte, una denuncia realizada por familiares y corroborada por el CDH”.
“Es grave que no exista información clara sobre las causas de fallecimiento. Hay una ausencia preocupante de datos oficiales”, subrayó.
Protocolos insuficientes
Fernando González, médico especialista en infectología, recordó que el bacilo de Koch (la bacteria causante de la tuberculosis) puede permanecer suspendido en el aire durante varias horas, sobre todo en espacios con escasa ventilación.
Ante sospechas de contagio, indicó que es “indispensable aplicar aislamiento respiratorio inmediato hasta descartar o confirmar la enfermedad”. Además, el personal de salud debe “contar con equipos de protección personal completos (como mascarillas, guantes, visores, gorros, polainas y calzado cerrado, para evitar nuevos contagios)”.
Reunión clave en la Gobernación
Frente a esta situación, este viernes 23 de enero, desde las 09:00, se instalará una mesa técnica en la Gobernación del Guayas, para abordar la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral. El encuentro se realizará en cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la reunión asistirán delegados de los ministerios de Gobierno y Salud, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y representantes de los familiares de los internos.