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Diario Extra Ecuador

“No tengo armas ni las uso”: Aquiles Álvarez se pronuncia ante rumores de allanamiento

El alcalde de Guayaquil advirtió que el Gobierno Central estaría fraguando un nuevo intento de incriminarlo en un acto ilícito

El alcalde de Guayaquil es investigado por un supuesto delito hidrocarburífero.

El alcalde de Guayaquil es investigado por un supuesto delito hidrocarburífero.Cortesía Municipio de Guayaquil

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a arremeter contra el Gobierno en un mensaje publicado la mañana de este jueves 15 de enero de 2026 en su cuenta de la red social X, en el cual denunció, una vez más, que sufre persecución política.

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Ante versiones que circulan sobre un supuesto allanamiento por presunta tenencia de armas de fuego sin permiso, la autoridad salió al frente y negó de forma tajante cualquier vínculo con armamento o actividades ilegales.

En su pronunciamiento, Aquiles aseguró que no utiliza armas y que en su entorno cercano tampoco existen. Detalló que cuenta únicamente con dos personas de seguridad privada, quienes poseen todos los permisos en regla exigidos por la ley para portarlas.

Aquiles: Si encuentran armas, no son mías

El alcalde de Guayaquil negó rotundamente poseer armas de fuego.

El alcalde de Guayaquil negó rotundamente poseer armas de fuego.Cortesía Municipio de Guayaquil

“No hay armas en mi casa, ni en la de mi familia, ni en el Municipio”, recalcó, al tiempo que advirtió que, si llegara a producirse un allanamiento y aparecieran armas, estas no le pertenecerían y habrían sido introducidas por terceros.

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El mensaje también incluyó una crítica directa a lo que calificó como persecuciones e intentos fallidos de incriminación.

“Como no les resulta nada con sus inventos, ahora van por otro lado”, expresó, asegurando que existe desesperación por vincularlo a hechos inexistentes.

El delito de tenencia ilícita de armas de fuego se sanciona con pena de prisión de seis meses a un año, mientras que el porte de la misma se castiga con pena privativa de libertad de tres a cinco años, según establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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