¿Más seguridad en las urbanizaciones de isla Mocolí? Esto dicen los comités de residentes

Se ‘cayó’ del pedestal. La isla Mocolí, en la parroquia satélite La Puntilla (cantón Samborondón), dejó de ser un aparente oasis en la inseguridad que rodea la zona 8 (conformada por Guayaquil, Durán y la ya mencionada localidad) luego del triple asesinato en la noche del miércoles 7.

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A pesar de que en redes sociales, las diferentes constructoras ofrecen propiedades en el territorio bordeado por el río Babahoyo bajo el eslogan de “exclusividad y seguridad”, un grupo de delincuencia logró burlar los controles e ingresó a matar.

Sus residentes y directivos de cada conjunto, consternados por la violencia, manifiestan que no hay ley que los ampare. Sofía Vinueza, presidenta del directorio de la urbanización Las Riberas, sostiene que los recientes hechos los han obligado a reflexionar profundamente sobre la gestión de seguridad.

¿Marco legal para evitar a los líderes en las urbanizaciones?

“Debemos ser muy claros: no existe un marco legal que faculte a una urbanización a analizar, aprobar o rechazar el perfil personal o penal de un arrendatario. El derecho de propiedad permite a los dueños alquilar sus viviendas a quien consideren conveniente”, dice.

Sin embargo, en el caso del complejo privado que dirige desde el comité, ha buscado reforzar el acceso implementando el uso de reconocimiento biométrico, pero “somos conscientes de que cualquier sistema puede ser vulnerado a través del acceso de visitantes”.

Como última estrategia, en esa ciudadela han optado por compartir eventos comunitarios para que los vecinos se conozcan y puedan detectar “dinámicas inusuales”.

"Hasta la fecha, nuestra urbanización no ha registrado hechos delictivos graves, lo cual atribuimos a una combinación de control de accesos, vigilancia permanente y participación comunitaria activa. Sin embargo, los sucesos recientes demuestran que ningún modelo es infalible y que este es un desafío que debe abordarse también desde políticas públicas, regulación y corresponsabilidad ciudadana", ratificó Vinueza. 

"Si hay cinco guardias, vienen 20 hombres armados", dice un experto en seguridad

Por otra parte, Byron Sanmiguel Marín, expresidente del comité de una de las urbanizaciones de la isla Mocolí y experto en seguridad, coincide con la presidenta del directorio de Las Riberas, en que no se puede evitar vender o alquilar propiedades que terminarán ocupadas por algún líder criminal o vinculado con él. 

"Estos delincuentes no alquilan ni compran propiedades; lo hacen a nombre de terceros sin problemas con la ley. Los que compran son personas comunes en función de 'burropie' (coloquio para denominar a un asistente leal) de estos sujetos", asegura. 

Por lo tanto, según cuestiona Sanmiguel, el problema radica en que nadie podría establecer una ordenanza o incluir un artículo en algún reglamento interno que van en contra de la Constitución. 

Por otra parte, él afirma que las fuerzas policiales en el distrito Samborondón no tienen suficientes efectivos para cubrir la extensión del cantón. 

Acorde a sus declaraciones, solo hay 20 policías que se distribuyen en patrullajes y resguardo a personas que han recibido medidas sustitutivas por alguna razón. "Ya nos hemos organizado en un chat los presidentes y expresidentes para tratar temas de seguridad y hablar con el alcalde (de Samborondón y las autoridades", insiste. 

Finalmente, él atribuye ataques similares al análisis que realizan las organizaciones previo a emprender un golpe. 

"Así ponga cinco guardias bien armados, los delincuentes hacen un estudio antes de atacar: si hay cinco guardias, vienen con 20 personas y con armamento de grueso calibre, como sucedió el día de ayer (miércoles 7 de enero)", concluye.