Aquiles Álvarez fue enviado a prisión preventiva por el caso Goleada: lo que se sabe
El alcalde de Guayaquil estará detenido en una cárcel de Quito mientras avanza la investigación en su contra. El hecho marca un hito político y judicial
Aquiles Álvarez irá a prisión mientras avanza la investigación del caso Goleada.
La justicia ecuatoriana ha tomado una decisión trascendental en el marco del denominado "Caso Goleada".
Tras una extensa audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito, que se inició la mañana del martes 10 de febrero, se ha dictado prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros implicados, la tarde de este miércoles 11. La medida responde a una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
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El "entramado societario complejo" que denunció la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado fundamentó su pedido de prisión preventiva basándose en lo que describió como un "entramado societario complejo".
Según la tesis fiscal, esta estructura no solo habría evadido el control de las instituciones estatales, sino que también habría corrompido a funcionarios públicos para facilitar la comercialización irregular de combustible.
Para sustentar estas acusaciones, el Ministerio Público presentó alrededor de 20 elementos de convicción. Entre las pruebas principales se encuentra una pericia de chats de WhatsApp que suma aproximadamente 150.000 páginas de conversaciones, extraídas de dispositivos entregados por un denunciante en 2021.
Además, la Fiscalía incluyó un informe policial detallado y una denuncia anónima como parte del expediente.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es investigado por varias causas penales.
Riesgos procesales y comercialización de combustible
La solicitud de privación de libertad fue motivada por la necesidad de "neutralizar riesgos procesales", argumentando que la gravedad del delito y la complejidad de la red societaria justifican la medida cautelar.
La Fiscalía sostiene que las actividades ilícitas están vinculadas directamente a irregularidades en el despacho de combustible hacia sectores industriales, navieras y estaciones de servicio.
Por su parte, la defensa técnica, liderada por Ramiro García, intentó desestimar estos cargos alegando que las conversaciones analizadas son simplemente "diálogos habituales entre directivos y personal administrativo" sobre la operación normal de las empresas.
García subrayó que no se han presentado documentos financieros sólidos que demuestren movimientos de lavado de activos.
El relato de Fiorella Icaza y las críticas al operativo
La decisión judicial llega tras un polémico allanamiento que la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, calificó como violento e innecesario. En un testimonio directo, Icaza relató que a las 4:20 de la mañana fue despertada por agentes encapuchados que le apuntaron con un fusil a la cabeza.
"Reventaron la puerta de mi dormitorio, con gritos de que ponga las manos en el piso y que me debo arrodillar", denunció la esposa de Álvarez.
Icaza también reveló que sus tres hijos, de 5, 4 y 2 años, fueron encañonados durante el operativo. Según su versión, los agentes cortaron el internet de la casa y retuvieron a los guardias de la urbanización para que no pudieran alertar sobre la incursión.
La familia del alcalde sostiene que se trata de una "persecución insostenible" que ha durado más de un año, a pesar de que Álvarez ha cumplido con más de 80 comparecencias ante la Fiscalía y portaba un dispositivo de vigilancia electrónica.
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¿Qué sigue en el Caso Goleada?
Con la orden de prisión en firme, la defensa del burgomaestre ha cuestionado que se esté juzgando al alcalde por hechos que, aseguran, ya fueron investigados en el anterior "Caso Triple A", lo que vulneraría el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa.
Mientras el proceso judicial avanza hacia las siguientes etapas de instrucción fiscal, la ciudad de Guayaquil queda a la expectativa de las implicaciones políticas de esta medida y de la respuesta de la defensa para intentar revertir la prisión preventiva en instancias superiores.