Caso Blanqueo Fito | Ausencia de abogado frenó audiencia: Recibió una fuerte sanción

La audiencia del caso Blanqueo Fito se reinstalaría este lunes 9 de febrero DE 2026, luego de que la diligencia prevista para el 5 de febrero no pudiera realizarse por la ausencia de uno de los abogados defensores, lo que derivó en una sanción económica y en nuevas medidas para evitar más retrasos en el proceso.

Audiencia fallida en el caso Blanqueo Fito

Según una resolución judicial, en la fecha prevista anteriormente, la diligencia fue declarada fallida porque el abogado Roberto Loor, defensor de Irene Jahaira, Jorge Alberto y Julio César Peñarrieta Tuárez, no acudió a la diligencia ni presentó una justificación. Ante esta situación, la jueza Karol Zambrano dispuso que la audiencia se declare fallida a costa del profesional del derecho.

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Por esta inasistencia, la magistrada impuso al abogado una multa equivalente a dos salarios básicos (964 dólares) y ordenó que se realicen las gestiones administrativas para su cobro. En la providencia se deja constancia de que no se presentó ningún argumento que justifique la ausencia del defensor en una diligencia ya convocada.

En el mismo pronunciamiento, la jueza recordó que la audiencia ya se encuentra en curso y que el proceso ha tenido varias suspensiones previas, principalmente por problemas en la comparecencia de las defensas. Por ello, dejó establecido que, para garantizar que la diligencia continúe, defensores públicos podrían intervenir si alguno de los procesados vuelve a quedarse sin abogado.

Defensores públicos en el caso Blanqueo Fito

Además, se dispuso que el audio de la audiencia sea remitido a los defensores públicos asignados, con el fin de que puedan prepararse y asumir la defensa técnica en las próximas convocatorias, evitando nuevas dilaciones por la ausencia de algún jurista.

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¿Qué es el caso Blanqueo Fito?

En el caso Blanqueo Fito, la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos vinculado al entorno de José Adolfo Macías Villamar, líder de Los Choneros. La causa apunta a determinar si familiares y personas cercanas habrían participado en el uso de empresas y movimientos financieros para ocultar o justificar dinero de origen ilícito.