Caso Magnicidio FV vuelve a cambiar de juez antes de audiencia clave de vinculación
El proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio avanza hacia una diligencia clave en medio de movimientos judiciales y definiciones pendientes

En este lugar fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye.
El proceso penal conocido como caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (ocurrido el 9 de agosto de 2023), volvió a cambiar de juez a pocos días de una diligencia considerada clave.
Este 6 de febrero de 2026, el juez Giovanny Freire Coloma, de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, avocó conocimiento de la causa, luego de que el expediente fuera sometido a un nuevo sorteo judicial tras una recusación presentada contra la jueza María Daniela Ayala Álvarez.
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El relevo se produjo en un contexto marcado por cuestionamientos previos a la actuación de Ayala dentro del proceso. La jueza ya se había excusado anteriormente de conocer la causa, alegando afectaciones a su imparcialidad, y posteriormente fue objeto de una recusación formal, cuya admisión motivó la suspensión de su competencia y la remisión del expediente a la oficina de sorteos.
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Demanda de recusación contra jueza Ayala
En un oficio fechado el 30 de enero de 2026, Ayala informó que había sido formalmente notificada con la demanda de recusación, lo que, conforme a la normativa procesal, suspendió su competencia desde ese momento.
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En ese documento dispuso que el expediente sea remitido para sorteo y dejó constancia de que existían escritos pendientes de despacho que ya no podía resolver al haber perdido competencia.
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Fernando Villavicencio fue asesinado a once días de las elecciones.
La asignación del nuevo juez del caso Magnicidio FV
El acta de sorteo del 4 de febrero de 2026 asignó el proceso al juez Freire Coloma, quien dos días después emitió un auto general en el que notificó a las partes que continuará con la sustanciación de la causa.
En esa providencia, el nuevo juzgador incorporó una resolución de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha que aceptó un recurso de apelación y revocó una sanción económica impuesta previamente a abogados defensores.
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Escrito del abogado de Daniel Salcedo
En el mismo auto, Freire Coloma atendió un escrito presentado por la defensa de Daniel Josué Salcedo Bonilla y dejó sin efecto un apartado de una providencia anterior que había habilitado indebidamente a un tercero como sujeto procesal.
El juez precisó que Marcelo Lasso compareció únicamente en calidad de testigo protegido, por lo que dispuso que no sea considerado parte procesal dentro de la causa y que se lo notifique por última vez al correo electrónico señalado.
Ese punto había sido objeto de fuertes objeciones por parte de la defensa, que cuestionó la incorporación de enlaces de prensa y contenidos digitales como parte de la motivación judicial en providencias previas, así como la habilitación procesal de un testigo protegido, aspectos que —según los escritos— comprometían la independencia judicial y el debido proceso.
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José Serrano, quien fue ministro del correísmo (2011 - 2016) y presidente de la Asamblea Nacional (2017 - 2018), es uno de los procesados.
Falta de confianza en la jueza Ayala
En esos documentos también se dejó constancia de una pérdida de confianza en la jueza, señalando que su permanencia en la causa resultaba incompatible con los estándares de imparcialidad exigidos en un proceso de esta naturaleza.
Audiencia de vinculación fue ratificada para el 10 de febrero
En su providencia, el juez Freire Coloma ratificó que la audiencia de vinculación se mantiene convocada para el 10 de febrero de 2026, a las 08h30.
En esa diligencia, la Fiscalía busca incorporar formalmente a nuevos investigados dentro del proceso penal por asesinato, entre ellos Wilmer Chavarría Barre, alias Pipo, cabecilla de Los Lobos actualmente encuentra en Estados Unidos, tras haber sido trasladado directamente desde España.
El caso Magnicidio FV se centra en establecer responsabilidades penales más allá de los autores materiales ya sentenciados y apunta a la presunta participación de estructuras criminales y articuladores del crimen.
Actualmente figuran como procesados el exministro del Interior José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán y Daniel Josué Salcedo Bonilla, contra quienes la Fiscalía formuló cargos como presuntos autores intelectuales o partícipes del delito.
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