Caso Jaque | Usuarios en el limbo por cierre de ANT: ¿qué pasa con multas y trámites obligatorios?

La suspensión de trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), tras los allanamientos del 30 de enero de 2026, dejó a miles de usuarios sin acceso a servicios obligatorios, mientras avanza el denominado caso Jaque, que mantiene a 10 personas procesadas por delincuencia organizada.

Desde el plano jurídico, la abogada Dennisse Santos advierte que esta paralización sí afecta al usuario, porque limita el acceso a servicios públicos garantizados por la Constitución.

La jurista subraya que el ciudadano no puede ser perjudicado por no realizar trámites que el propio Estado suspendió, pues se vulnerarían la seguridad jurídica y el debido proceso. Añade que si la ANT no activó un plan de contingencia, el usuario incluso podría presentar acciones legales.

Los procesados en el caso Jaque

En lo penal, la Fiscalía procesó a siete personas como autores y a tres como colaboradores. Nueve cumplen prisión preventiva y una enfrenta medidas alternativas.

Entre los principales señalados está Pedro Abril, identificado como alias Pedrito. En supuestas interceptaciones se mencionarían gestiones internas y entrega de dinero. En su vivienda presuntamente hallaron $19.780 en efectivo, además de celulares y dispositivos USB, lo que motivó su prisión preventiva.

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También fue procesada Ximena Carrera, alias Xime, funcionaria de la ANT desde 2014. En los chats se habla de supuestos depósitos, uso de cuentas de terceros, pagos en efectivo y cobros por cargos.

Supuestas conversaciones sobre transferencias

El expediente ubica a Oswaldo Huertas (Rojo o Roro) en supuestas conversaciones sobre duplicados y modificaciones para emitir licencias; y a Edwin Sanguano (Miguelito) en aparentes diálogos sobre retiro de licencias y transferencias. En los allanamientos les hallaron joyas, teléfonos y documentos, además de una laptop y un celular, respectivamente.

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También constan Gustavo Costta (Cholo), vinculado a supuestos mensajes sobre “documentos chuecos”, con 17 licencias incautadas; y Dora Sierra (Rosa), quien habría sido mencionada en múltiples comunicaciones sobre tarifas entre $120 y $600 por trámites irregulares.

Como colaboradores fueron procesados Manuel Palacios (Alejo), supuestamente .vinculado con 22 soportes y certificados de matriculación; Carlos Ordóñez (Charly), con supuesta documentación de licencias y matrículas de varios cantones; y Enrique Castillo (Kike), a quien le habrían hallado sobres con documentos de la ANT y de escuelas de conducción. Todos ellos cumplen prisión preventiva.

La única excepción es Emma Aguayo, técnica de licencias, quien fue directora provincial, a quien el juez le impuso presentarse semanalmente y la prohibición de salir del país.

Agencias locales, con servicios suspendidos

La afectación por la suspensión de servicios de la ANT también se trasladó a entidades municipales. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó la suspensión de trámites de matriculación, entrega de placas y otros procesos vehiculares que dependen del sistema nacional de la ANT.

En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que varios servicios vinculados al proceso de matriculación no están funcionando, y que operativos de control y verificación de matrícula se han visto limitados, mientras no se restablezca el acceso a la base de datos nacional.

Reacción del gremio automotor

El gremio automotor, a través de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, alertó que la paralización de la Agencia Nacional de Tránsito frena la entrega de más de 300 vehículos diarios en el país, al no poder matricular ni asignar placas.