Caso GRANASA: sigue aquí la audiencia por el intento de controlar acciones

Eduardo Camilo Santamaría Encalada, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil, resolverá este 21 de enero de 2026 la acción de protección que Ingrid Martínez Leisker presentó en contra del intento de la Superintendencia de Compañías de revertir la transferencia del 40 % de sus acciones en GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, realizada años atrás desde la empresa Veranera, actualmente en proceso de liquidación, en favor de Martínez.

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Está previsto que, en la audiencia programada para las 15:00 de este miércoles 21 de enero de 2026, el magistrado Santamaría Encalada anuncie su decisión. La acción de protección fue presentada el 5 de enero de 2026, según consta en el expediente, y la audiencia del recurso se desarrolló el 16 de enero de 2026. Durante la diligencia, la defensa de Martínez Leisker expuso los presuntos derechos vulnerados por la actuación de la Superintendencia. 

La audiencia la podrá ver dando click aquí.

Las vulneraciones de derechos en caso contra GRANASA

Durante la audiencia del 16 de enero, la defensa de Ingrid Martínez Leisker sostuvo que se vulneró su derecho a la defensa, al no haber sido notificada con los documentos emitidos después del cambio de liquidador de la empresa, vinculados al intento de reversión de las acciones. Incluso, señaló que el oficio del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual la Superintendencia dispuso el reverso, fue dirigido al representante legal de GRANASA y no a la accionista afectada.

Asimismo, se alegó la vulneración del derecho al debido proceso, bajo el argumento de que la Superintendencia de Compañías carece de competencia constitucional y legal para revertir una transferencia de acciones. Aunque la entidad sostuvo que tiene atribuciones para ordenar la actualización de los libros sociales, la defensa enfatizó que esa facultad no equivale a la reversión de una operación societaria ya perfeccionada.

La defensa también advirtió una afectación al derecho a la seguridad jurídica. Frente a la postura de la Superintendencia, que sostiene que Martínez Leisker mantendría el control accionario por ser la principal accionista de Veranera, se señaló que no es jurídicamente válido equiparar a una persona natural con una persona jurídica, más aún cuando dicha empresa cuenta actualmente con un liquidador distinto como su representante legal.

Finalmente, se afirmó que la actuación administrativa sí genera una afectación directa a Martínez Leisker, ya que el oficio del 29 de diciembre de 2025 no solo comunicaba la reversión de las acciones, sino que además ordenaba a GRANASA registrar dicha operación en el libro de accionistas (lo que no se ha ejecutado), disposición que implicaría la pérdida de sus acciones.

Superintendencia de Compañías mantiene postura de "trabajo técnico"

Antes de que el juez emita su resolución sobre la acción de protección, EXPRESO buscó un pronunciamiento del superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, respecto a las presuntas vulneraciones señaladas por la defensa de Ingrid Martínez Leisker. No obstante, desde el área de Comunicación de la entidad se remitió un comunicado previo sobre el trabajo técnico de la Superintendencia y se informó que Cabezas-Klaere no contempla ofrecer entrevistas relacionadas con el caso GRANASA.

No obstante, para expertos como Jorge Egas Peña, expresidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, exministro y exsuperintendente de Bancos, la intervención de la Superintendencia de Compañías en el caso GRANASA marca un antecedente riesgoso para la iniciativa privada y para la evolución del ámbito societario, al que considera una de las principales conquistas del desarrollo económico de las sociedades a nivel mundial, incluido el Ecuador.

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