El caso de la jueza Samantha Lozada: el intento de asesinato, el exilio y la respuesta de Godoy
La exdirectora de la Judicatura en Orellana, advirtió de una crisis institucional tras denunciar redes de corrupción vinculadas al narcotráfico
La jueza Samantha Lozada se exilió tras un atentado en su contra y denunciar falta de garantías.
El sistema judicial ecuatoriano enfrenta uno de sus capítulos más oscuros tras la salida del país de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Orellana.
Lozada, quien ocupó el cargo durante la gestión de Álvaro Román y continuó bajo la presidencia de Mario Godoy, denunció haber sido abandonada por el Estado tras sobrevivir a un ataque armado que buscaba silenciar sus denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en la justicia local.
"A los que denunciamos la corrupción y actuamos contra el narco nos botan de la forma más descarada posible y nos quitan la custodia", dijo en entrevista a Sonorama.
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El atentado en Orellana: Un "milagro" frente al sicariato
El 22 de octubre de 2025, mientras circulaba en su vehículo junto a su padre, Lozada fue interceptada por un sicario en un semáforo. Según el relato de los hechos, el atacante intentó dispararle directamente a la cabeza, pero el arma se trabó en repetidas ocasiones, un fallo mecánico que le salvó la vida.
Tras el error inicial, el sicario logró accionar el arma disparando ocho proyectiles que impactaron el vehículo e hirieron a su padre, aunque ambos lograron sobrevivir al ataque.
Este suceso no fue un hecho aislado; Lozada afirma que desde su ingreso a la Dirección Provincial recibió amenazas directas de alias Topo, presunto segundo al mando de Los Choneros, y de los Comandos de la Frontera, quienes advirtieron que la asesinarían a ella y a su familia si continuaba interfiriendo en sus operaciones.
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Alias Topo permanece en la cárcel la Roca.
Denuncias de corrupción: El correo que "nunca tuvo trámite"
Antes del atentado, Lozada asegura haber informado formalmente al pleno del Consejo de la Judicatura y a su presidente, Mario Godoy, sobre la existencia de una red de jueces y fiscales en Orellana que operaban en favor del narcotráfico y el tráfico de combustibles.
Según su testimonio, envió correos institucionales detallando nombres, expedientes y pruebas de cómo la justicia en la provincia estaba "vendida al mejor postor".
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Lozada sostiene que, pese a entregar esta información de manera confidencial y privada a pedido del propio Godoy, no se dio trámite a las denuncias.
Por el contrario, la funcionaria denuncia que el CJ le retiró la custodia policial poco después del atentado, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad que la obligó a buscar asilo en el extranjero.
“Me quedé sin custodia, sin trabajo, sin poder decir nada”, señaló la jurista, quien añadió: “Esta situación de no poder visitar a mi familia, de no poder salir, no tener vehículos, afectó gravemente mi salud mental, al punto de que fui diagnosticada con ansiedad y depresión grave con estrés postraumático”
La respuesta de Mario Godoy: "Falsedad absoluta"
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de "falsas de falsedad absoluta".
Según la versión oficial de la institución, se brindaron todas las facilidades a Lozada, incluyendo una cápsula de seguridad, la autorización para teletrabajo y gestiones ante el Ministerio del Interior y de Defensa para resguardar su integridad.
Respecto a su salida del cargo, el CJ sostiene que Lozada presentó su renuncia de forma voluntaria, tanto verbal como formalmente.
Lozada, sin embargo, desmiente esta versión, asegurando que se le pidió poner el cargo a disposición semanas antes y que, tras el atentado, una asesora de Godoy le recomendó renunciar, ejecutándose su salida sin su consentimiento formal previo.
Mario Godoy, presidente de la Judicatura, es cuestionado por el correísmo.
Presión internacional y procesos disciplinarios
La gravedad del caso motivó un pronunciamiento de Human Rights Watch, organización que expresó su "profunda preocupación" por el riesgo "alto" que enfrenta Lozada y su familia, instando al Consejo de la Judicatura a garantizar su protección física fuera de la zona de peligro.
Curiosamente, tras su salida del país, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión solicitó iniciar una investigación disciplinaria contra Lozada por sus actuaciones como funcionaria.
Mientras la Judicatura reporta avances en la lucha contra la corrupción, como la destitución de funcionarios implicados en los casos "Metástasis" y "Purga", el caso de Lozada queda como un recordatorio de la vulnerabilidad de quienes denuncian desde adentro.
Además, se suma al caso del juez Carlos Serrano, quien también se apartó de sus funciones como togado al recibir amenazas del narco serbio Jezdimir Srdan y ocasionar un escándalo que llevó a Godoy a comparecer ante la Asamblea Nacional y ahora enfrentar un juicio político que está programado para instalarse este 8 de enero de 2026.