Gerente del Hospital Teodoro Maldonado enfrenta juicio por presunto peculado
La audiencia de juzgamiento contra Daniel Rodríguez y otros cinco procesados se desarrollará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2026 en Quito
El hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo
Daniel Eduardo Rodríguez Silvestre, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue convocado a audiencia de juicio por el presunto delito de peculado. La citación fue emitida por el Tribunal de Garantías Penales, que dispuso que el proceso se lleve a cabo de forma presencial en la sala 208 del Complejo Judicial Norte de Quito.
La audiencia de juzgamiento se desarrollará del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, a partir de las 09:00, bajo los principios de celeridad, economía procesal y concentración.
Además de Rodríguez Silvestre, en el proceso constan como acusados Carlos Julio Arreaga Salazar, Olimpia de las Mercedes Campoverde Pérez, Javier Humberto Carrillo Ubidia, Jean Erick Grunauer Calle y Shareth Leonela Pazmiño Rodríguez. Durante las sesiones, el tribunal también analizará la solicitud de revisión de medidas cautelares presentada por Carrillo Ubidia.
Presuntas irregularidades en el manejo de recursos
La causa se origina por una supuesta malversación de fondos públicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. De acuerdo con información judicial, la investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos institucionales. Pese al proceso penal en curso, Rodríguez continúa ejerciendo funciones como gerente del hospital.
Daniel Rodríguez enfrentará juicio por presunto peculado.
El 9 de abril de 2024, el tribunal realizó una audiencia de sustitución de medidas cautelares para Daniel Rodríguez y Shareth Pazmiño. Como resultado, se dispuso que ambos se presenten los días martes y viernes, de 08:00 a 17:00, a partir del 12 de abril, con ajustes en caso de feriados.
Informe de Contraloría y origen del caso
El proceso se remonta a febrero de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado recibió un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado. El documento analizó la contratación de trajes de protección contra riesgo tipo 2 durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
La adquisición se realizó mediante el Contrato de Emergencia T.M.C. #001-2020, vinculado al periodo comprendido entre julio de 2014 y mayo de 2020.
El informe determinó que el proceso no cumplió con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ni con las directrices del SERCOP. Entre las principales irregularidades se identificó la modificación de las especificaciones técnicas durante el proceso, al cambiar el gramaje requerido de los trajes de protección.
Inicialmente se solicitó un gramaje de 60 (+/-5), pero en el pliego final se exigió 80 (+/-5), lo que limitó la competencia. Nueve oferentes cumplían con la ficha técnica inicial, mientras que solo uno presentó el producto con las nuevas especificaciones, sin que se priorizara la optimización de recursos públicos.
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Vinculación directa de Rodríguez
Daniel Rodríguez integró la comisión técnica del contrato de emergencia, lo que lo relaciona directamente con la gestión y supervisión de la adquisición de los insumos. Estas observaciones derivaron en la denuncia por presunto peculado No. 090101821094466 y en la apertura de una investigación previa el 30 de septiembre de 2021.
El juicio buscará determinar las responsabilidades penales de los involucrados y establecer si existió afectación a los recursos públicos destinados al sistema de salud.